(IPS) – “Queremos tierra donde podamos vivir y alimentarnos seguros”, exige Pedro Ichich, uno de los miles de campesinos que llegaron en protesta hasta la capital guatemalteca para exigir soluciones al añejo conflicto agrario. El gobierno recibió los reclamos y ahora es su tiempo de respuesta.
Este campesino, su esposa y sus cinco hijos salieron con la multitudinaria caminata el 19 de este mes desde la localidad de Cobán, en el norteño departamento de Alta Verapaz, y ocho días después, tras recorrer 214 kilómetros, se concentraron frente a la sede del gobierno del derechista Otto Pérez Molina.
“Queremos estar donde vivíamos, donde quedó la sangre derramada de nuestros compañeros”, insistió Ichich, quien junto a su familia fue desalojado violentamente por fuerzas del Estado el 15 de marzo de 2011 de un establecimiento rural ubicado en el valle del Polochic, en Alta Verapaz, reclamado como propio por empresarios cañeros.
En ese desalojo, que afectó a unos 3.000 indígenas keqchíes, murieron tres campesinos, lo cual indignó a los agricultores y desató la protesta.
“Nos dejaron con una (sola) ropa en la calle. La policía, los militares y la seguridad privada de la finca destruyeron nuestra cosecha. Desde entonces estamos sin trabajo y pedimos posada para pasar la noche. Por eso estamos pidiendo al gobierno”, explicó Ichich a IPS.
Con mensajes como “Agua y tierra no se venden, se aman” y “No a los desalojos”, unos 5.000 campesinos de todo el país llegaron el martes 27 a la Plaza de la Constitución, ubicada en el centro capitalino, para reunirse con las máximas autoridades del país.
Finalmente, una delegación de los manifestantes fue recibida por Pérez Molina para reunirse desde la tarde de ese día hasta altas horas de la madrugada del miércoles 28.
“La brasa está en su cancha. El tema agrario y el hambre fueron puestos a debate nacional en estos nueve días. Creo que el presidente no puede ignorar este problema”, dijo a IPS el dirigente Daniel Pascual, del no gubernamental Comité de Unidad Campesina, organizador de la marcha.
Según este líder campesino, le presentaron a Pérez Molina un extenso pliego de peticiones en torno al problema agrario, aunque acordaron priorizar ocho temas.
Algunos de esos asuntos urgentes son la entrega de un subsidio equivalente a unos 39 millones de dólares para los campesinos que adeudan tierras, la dotación de establecimientos a las comunidades del Valle del Polochic, una moratoria de la minería y el retiro de destacamentos militares de zonas con alta conflictividad social, detalló Pascual.
“No es que renunciemos a los demás temas, sino que este es el primer rubro que se prioriza para que el gobierno tenga la facilidad de responder”, aclaró.
Y es que los manifestantes también solicitan el cese de los desalojos de los predios rurales, la anulación de permisos de operación a hidroeléctricas y el acceso a la tierra, entre una lista de más de 50 reclamos.
Para afinar detalles de los ocho acuerdos prioritarios y revisar los mecanismos que se seguirán para atender el resto de demandas, Pérez Molina y los dirigentes campesinos acordaron sostener una nueva reunión el 19 de abril.
Antes de hablar con el mandatario, los campesinos también se reunieron con legisladores, quienes ofrecieron aprobar la ley de Desarrollo Rural Integral, considerada por los reclamantes como vital para facilitar el acceso a la tierra.
Además, se reunieron con representantes del Poder Judicial para solicitarles imparcialidad a los jueces al girar órdenes de desalojo, entre otras peticiones.
La desigualdad en el reparto de la riqueza ha convertido a Guatemala en uno de los países donde la brecha entre la gran mayoría de pobres y la minoría rica es una de las mayores del mundo. La alta conflictividad agraria enfrenta al sector industrial, que busca expandirse, con los indígenas, que pelean por subsistir.
Así, casi 80 por ciento de las tierras productivas del país están en manos de cinco por ciento de los 14 millones de guatemaltecos, mientras que la mitad de la población vive en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas.
Por ahora, el sector campesino debe aguardar que las autoridades cumplan con sus ofrecimientos aunque el escenario no es muy alentador.
“La experiencia dice que generalmente la etapa post acuerdo es larga y desgastante, donde el movimiento campesino pone mucho empeño pero al final el Estado termina incumpliendo”, dijo a IPS el activista Eugenio Incer, de la no gubernamental Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala.
El experto explicó que en esta situación chocan dos visiones diferentes de cómo construir el país en términos sociales, políticos y culturales.
“Hay una visión donde las comunidades quieren ejercer capacidades de toma de decisiones sobre lo que hay en sus territorios y hacer cumplir los marcos legales como el convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas”, adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo, explicó.
“Y por otro lado está la visión arraigada del estado guatemalteco de no cumplir con esos marcos legales y facilitar la operación de actividades económicas que las comunidades no están pidiendo necesariamente, tales como la minería, las petroleras, y la explotación extensiva de monocultivos”, continuó.
Incer dijo que esta discusión debía hacerse a nivel nacional.
De lo contrario, “desde lo ambiental tendremos problemas serios de sostenibilidad en 50 años, porque el nivel de degradación del agua y del bosque es muy fuerte. Es importante ver cómo logramos un acuerdo nacional para que los niveles de pobreza y desigualdad no se sigan profundizando”, agregó.
Otros activistas también muestran sus dudas. Melvin Picón, del comunitario Consejo de Pueblos de Tezulutlán Manuel Tot, indicó a IPS que la política económica del gobierno “es incoherente” si se tiene en cuenta que el país es considerado uno de los más vulnerables del mundo frente al cambio climático.
“Y, sin embargo, la explotación de nuestros recursos naturales continua a gran escala, y así vamos a padecer las consecuencias”, advirtió.
Picón afirmó que, por eso, “las comunidades y todos los que estamos en esta lucha tenemos toda la disposición para regresar a las calles y demandar al gobierno que logre justicia para los pueblos indígenas”.