Fuente: Defensores en Linea
Tegucigalpa —Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar tres conclusiones preliminares.
La primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid, antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es inadmisible, y reprochable.
En un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron las poblaciones.
Las llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!