Fuente: Programa de las Américas
En meses recientes, los canadienses han estado enfurecidos al escuchar que su gobierno está subsidiando operaciones mineras rentables en el extranjero al canalizar los fondos de ayuda internacional a proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (CSR, por sus siglas en inglés) de compañías como Barrick Gold. Pero esta es sólo la punta del iceberg cuando se trata del apoyo político y económico que provee el gobierno canadiense para promover los intereses corporativos de empresas canadienses en el extranjero.
En Honduras, el gobierno canadiense está gastando el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos canadienses para ayudar a establecer un marco legal favorable para las operaciones mineras canadienses, contra la voluntad de la sociedad civil hondureña, y al mismo tiempo permanecer en silencio sobre ataques desenfrenados y amenazas dirigidas en contra de la prensa y movimientos sociales. Estos esfuerzos, todos en nombre de la Responsabilidad Social Empresarial, alzan preguntas sobre el conflicto de interés de Canadá en asesorar a otro país sobre sus leyes mineras y exponen la política del gobierno canadiense hacia el sector extractivo en el extranjero como uno de conveniencia – no responsabilidad.
La versión hondureña de la doctrina del shock
La historia reciente del código minero de Honduras se lee como un capítulo sacado del libro de Naomi Klein: “La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre.” La doctrina del shock examina cómo las políticas neoliberales fueron avanzadas en numerosos países alrededor del mundo durante momentos en los cuales las poblaciones se encontraban en un estado de shock, como por ejemplo después de un desastre natural o un golpe presidencial.
Honduras ha sufrido de ambos, y las dos veces su ley minera ha sido cuestionada. La parte uno le sigue a un desastre natural: el Huracán Mitch en 1998. Pocas semanas después del huracán, el Congreso de Honduras pasó, después de poco debate[1], la Ley General Minera, según se informa tomando consejo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).[2]
Empezando en 2002, la sociedad civil hondureña comenzó a tratar de reformar el código, el cual le daba a las compañías fuertes incentivos fiscales para trabajar en cualquier lugar del país sin las garantías adecuadas como el de garantizar suministro de agua para las comunidades afectadas por la minería.
Una delegación parlamentaria conjunta entre Canadá-Reino Unido visitó Honduras en septiembre 2007 y reportó cómo los esfuerzos hacia una reforma de la ley minera surgieron como resultado de la frustración por la falta de protecciones dentro del código minero de 1998 hacia las comunidades que se enfrentaban a los impactos sociales y ambientales de la mina de oro a cielo abierto de Goldcorp de San Martín en el valle de Siria, en aquel tiempo propiedad de Glamis Gold.[3]
La mina de San Martín, la cual entró en producción en 2000, dio rápidamente lugar a quejas de comunidades cercanas sobre el abastecimiento de agua secándose y estando contaminado, y de los vecinos y el ganado enfermándose.
Años de organización de la sociedad civil, debates y demandas siguieron. En 2005, la delegación parlamentaria escribió que Roberto Micheletti del Partido Liberal, quien era en aquél entonces líder de la oposición, fue el primer funcionario público en hacer un llamado para prohibir las minas a cielo abierto. A finales de 2006, la Suprema Corte declaró inconstitucionales 16 artículos del código minero de 1998, incluyendo la provisión que le daba a las compañías mineras acceso ilimitado a las fuentes de agua. Finalmente, cuando la administración liberal de Manuel Zelaya tomó el poder en enero de 2006, el nuevo presidente repitió el llamado a una prohibición de la minería a cielo abierto, solicitó una nueva comisión para redactar una nueva versión de la ley minera, [4] y puso una moratoria sobre cualquier concesión minera nueva.[5]
El sector privado hondureño arremetió en contra de las reformas propuestas, particularmente sobre la idea de prohibir la minería a cielo abierto. [6] Sin embargo, siguiendo las entrevistas con las máximas autoridades de Honduras, la delegación parlamentaria Canadá-Reino Unido encontró que el gobierno hondureño estaba dispuesto a enfrentar un cierre temporal de las operaciones mineras para así traer una ley minera que sirviera mejor los intereses del pueblo.[7]
Para mayo 2009, un nuevo proyecto de ley minera había sido completado. Hubiera dictado un aumento en los impuestos del sector minero, prohibido las minas a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, y requerido previa aprobación de la comunidad antes de que las concesiones mineras pudieran ser otorgadas. [8] El debate en el congreso estaba programado para comenzar el 16 de agosto de 2009.
El 28 de junio de 2009, el presidente Zelaya fue derrocado en un golpe respaldado por los cuerpos militares. El debate nunca ocurrió. [9]
El desastre ataca dos veces
El golpe proveyó la tormenta perfecta dentro de la cual se empujó a revertir las reformas al código minero.
Es importante notar que en el período inmediatamente posterior al golpe, las autoridades canadienses se rehusaron a considerar sanciones en contra del régimen de facto y presionaron a miembros de la Organización de Estados Americanos a hacer lo mismo. [10] Siguiendo la elección del presidente Pepe Lobo en noviembre de 2009, una elección criticada como una consolidación del golpe y tan contenciosa que ninguno de los altamente capacitados observadores electorales habituales estuvieron presentes. [11] Canadá proveyó firme apoyo político y se mantuvo en silencio sobre la violencia dirigida en contra de periodistas, activistas LGBT, líderes campesinos y defensores del medio ambiente.
Mientras tanto, la Embajada de Canadá empezó a crear oportunidades para reuniones de alto nivel hacia una nueva ley de minería entre las autoridades hondureñas y las compañías mineras canadienses.
A principios de 2010, poco después de la elección de Lobo, el profesor asociado de la Universidad de York Todd Gordon reportó que Neil Reeder, quien fuera en aquel entonces embajador de Canadá, viajó a Honduras con Daniel Arsenault de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, en donde organizaron reuniones entre ejecutivos de mineras canadienses, el presidente Lobo y miembros de su gabinete. También “discutieron con un ejecutivo de Breakwater Resources estrategias posibles para influenciar el desarrollo de una nueva ley de minería.” [12]
Estas estrategias incluían reuniones para supuestamente promover la Responsabilidad Social Empresarial (CSR), las cuales inevitablemente servían como oportunidades para intercambios de alto nivel entre autoridades hondureñas y corporaciones canadienses.
Uno de estos eventos tuvo lugar el 23 de junio de 2010, organizado por el Gobierno de Canadá en conjunto con la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Un reporte del evento está disponible en un cable sin clasificar proveniente de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa al Secretario de Estado en Washington. En esta ocasión, el presidente Lobo declaró la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial en Honduras. Louis Guay, en aquel entonces coordinador de CSR para América Latina en el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Comercio Internacional de Canadá, describió el CSR como “incorporando las preocupaciones sociales y económicas del pueblo, protegiendo el medio ambiente, y operando en una manera responsable y transparente.” Además de ser “lo correcto por hacer,” reporta el cable, “hay un fuerte caso de negocios para practicar el CSR” mientras las corporaciones “se convierten en buenos ciudadanos corporativos y mejoran la imagen de su marca a nivel local e internacional.” [13] Ejecutivos de la empresa Breakwater Resources (ahora propiedad de Nystar) y de Gildan Activewear también hicieron presentaciones.
Un documento de julio de 2011 del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Comercio Internacional (DFAIT) además explica en detalle lo que el gobierno canadiense entiende por CSR en este contexto. Como parte de una lista de eventos de CSR patrocinados por las misiones de embajadas canadienses en el extranjero en el año 2011-2012, DFAIT describió una misión en la reunión de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá en marzo de 2012 para incluir al Ministro de Recursos Naturales y Ambiente Rigoberto Cuéllar y al director de DEFOMIN, la agencia reguladora de la minería de Honduras, Aldo Santos. El documento dice: “Honduras está en el proceso de transformación de la administración anti-minera de Zelaya a la pro-minería sostenible y pro-CSR del gobierno de Lobo.” [14]
En otras palabras, Zelaya era “anti-minería” porque buscaba integrar protecciones más fuertes para las comunidades y el medio ambiente, afectados por la minería en la propuesta de ley minera, mientras que Lobo, por otro lado, está a favor de las políticas “sostenibles” y “responsables” porque, como lo vemos hoy en día, no buscaría del todo frenar las prácticas de las empresas mineras transnacionales.
Alrededor de este tiempo, en celebración del Día de Canadá en 2011, el actual embajador canadiense responsable de Honduras, Cameron MacKay, escribió una editorial para el periódico hondureño nacional El Heraldo en el cual promovía los intereses económicos canadienses: “La expansión del comercio bilateral y la inversión de Canadá con Honduras es una prioridad clave para la Embajada. Canadá mantiene una fuerte relación comercial con Honduras, con más de $250 millones en comercio bilateral y más de $600 millones en la inversión directa canadiense, en sectores como el textil, la minería y bienes raíces.” [15]
El presidente Lobo, también presente en las actividades, fue citado en la prensa agradeciéndole a las compañías canadienses por su compromiso con el CSR: “Canadá es un ejemplo a imitar y yo le pido a nuestros miembros del congreso de aprender de su experiencia en la minería, llevada a cabo de una manera amigable al medio ambiente, porque nuestra gente no puede continuar viviendo en la pobreza mientras están sentados en tales riquezas.” [16] Continuó, “Honduras está encaminada en una buena dirección […] continuaremos sobre el camino de la democracia y la responsabilidad social empresarial.”
Un discurso de dos caras
Pero los esfuerzos para desarrollar la propuesta actual de la ley de minería en Honduras no han sido del todo responsables. No son transparentes, ni democráticos, ni una garantía de los derechos de las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan.
El 16 de enero de este año, la comisión minera del congreso nacional hondureño anunció que su estudio sobre una nueva propuesta de la ley de minería estaba completa y que la comisión estaba lista para presentar un proyecto de ley para su aprobación.[17] Una compañía canadiense, Mustang Alliances, emitió un comunicado de prensa acogiendo con satisfacción la simplificación de la propuesta en las que se incluían las normas para las compañías operando en Honduras. [18] Representantes de la industria hondureña acentuaron en la prensa que la nueva inversión minera traería nuevos trabajos para el pueblo, así justificando la promulgación tan rápida de la ley. [19]
Inmediatamente, organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos sonaron la alarma. Una declaración pública, firmada por veintiún organizaciones hondureñas, reportó que la comisión legislativa había indicado que estaba bajo “presión enorme de los inversionistas” para pasar rápidamente la ley, y que a los grupos de la sociedad civil se les estaba siendo negada una entrada real y efectiva dentro de la ley. [20]
Criticaron la ley propuesta por dejar la puerta abierta a las minas a cielo abierto, permitir la propiedad estatal extranjera dentro del sector minero, darle prioridad al uso industrial del agua por encima de las necesidades de la comunidad, coordinar los procesos para obtener derechos mineros, limitar los criterios por los cuales los proyectos mineros podrían ser cancelados o suspendidos, y por no garantizar una consulta con la comunidad antes de conceder derechos o licencias mineras, excepto bajo circunstancias excepcionales. [21]
En la misma semana un periodista recibió amenazas en su teléfono celular cuando estaba por reportar sobre el debate de la nueva ley minera bajo propuesta y los problemas relacionados con la minería en el Valle de Siria.[22]
En respuesta a llamados de solidaridad, el Presidente del Congreso Hondureño recibió varias docenas de cartas haciendo un llamado hacia una participación real y efectiva de la sociedad civil en el proceso. Una delegación de mujeres laureadas con el Premio Nobel, la prensa, y representantes canadienses de alto nivel también manifestaron sus preocupaciones sobre el proceso de la ley minera en conversaciones con oficiales gubernamentales.[23]
Quizás en respuesta a la protesta pública, el 2 de febrero de 2012, el embajador MacKay y FUNDHARSE organizaron otra reunión entre oficiales gubernamentales, empresas y ONGs titulada “Honduras y Canadá avanzando juntos con la Responsabilidad Social Empresarial.” [24] La prensa reportó que el objetivo de la reunión era examinar el rol del gobierno y la industria para promover el CSR en el sector extractivo y el sector maquila. Se reporta que MacKay enfatizó la relación positiva entre Canadá y Honduras, agregando que el compromiso de Canadá sería aun más fortalecido por un acuerdo bilateral de libre comercio, cuyo texto fue completado y anunciado por el Primer Ministro Harper durante una visita a Tegucigalpa en agosto de 2011.[25] Aunque el texto de este acuerdo no ha sido hecho público, los acuerdos canadienses de libre comercio normalmente le otorgan a inversores extranjeros acceso a un poderoso arbitraje en el caso de disputas entre inversionistas y Estado, sin tener primero que agotar los recursos jurídicos nacionales. Tales disputas pueden tomar años en ser resueltas en tribunales internacionales, costándole a los estados (y a las empresas) millones de dólares, y teniendo un efecto negativo en el desarrollo de las políticas públicas.
Desde febrero, y siguiendo la visita, respaldada por la embajada canadiense, del ministro hondureño Cuéllar y el director minero Santos en la conferencia anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores en Toronto, la prensa hondureña anunció que Canadá ha llegado a un acuerdo formal para consultar con las autoridades hondureñas sobre su nueva ley minera. “El Ministro de Recursos Naturales llegó a un acuerdo con el Ministro de Desarrollo para contratar a consultores usando fondos canadienses para analizar la ley y así asegurar que incluya estándares internacionales mínimos y de tal manera que las experiencias de Canadá también se vean reflejadas en la ley,” reportó El Heraldo. [26] Un acuerdo similar también se ha alcanzado con el gigante del cobre, Chile. [27] El mismo artículo indica que hay alrededor de 200 solicitudes pendientes para concesiones mineras que aún faltan por otorgarse en Honduras, incluidas 104 de compañías canadienses y chilenas y que esperan a la aprobación de la ley minera. [28] Cuando le preguntaron sobre la demora en la aprobación de la ley, Cuéllar dijo, “la voluntad política está allí, nosotros sólo queremos ser responsables.” [29]
Sin embargo, una encuesta llevada a cabo en septiembre de 2011 demuestra que la sociedad civil hondureña está en desacuerdo con su gobierno. En el estudio, llevado a cabo por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), se encontró casi un consenso entre aquellos encuestados, expresando “fuerte apoyo al movimiento ambiental, particularmente en relación a las reformas de la ley minera y a favor de una administración de los recursos naturales más responsable y justa.” La misma encuesta encontró que alrededor del 90% de los hondureños están en contra de las minas a cielo abierto. [30]
¿De autorregulación empresarial a intervención extranjera?
En Canadá, el CSR ya se ha convertido en sinónimo de “Corporate Self-Regulation, “autorregulación empresarial”) y la intransigencia del gobierno conservador de adoptar mecanismos efectivos para hacer que las empresas rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos y por la degradación ambiental llevándose a cabo en relación a sus operaciones en el extranjero.
Cuando Canadá comienza a entrometerse en el desarrollo de los códigos mineros de otros países bajo el estandarte de CSR, comienza a perder todo significado genuino y parecer como una intervención extranjera impulsada de manera económica.
[1] Sandra Cuffe, “A Backwards, Upside-Down Kind of Development: Global Actors, Mining and Community-based Resistance in Honduras and Guatemala,” Febrero 2005.
[2] Development and Peace, “Mining for Justice: The struggle of Honduran civil society for responsible mining,” a report on an MP’s Fact-Finding Mission on Mining in Honduras, 9-13 septiembre, 2007.
[3] Development and Peace, 2007.
[4] Ibid.
[5] Americas Policy Group, “Honduras: Democracy Denied,” Abril 2010. Último acceso 8 de abril de 2012: http://www.ccic.ca/_files/en/working_groups/apg_2010-04_honduras_democracy_denied_e.pdf
[6] Development and Peace, 2007.
[7] Ibid.
[8] Harvey Beltrán, Business News Americas, “Coup leaves nation without mining law – Honduras” 25 de septiembre de 2009; accesado el 8 de abril de 2012: http://www.bnamericas.com/news/mining/Coup_leaves_nation_without_mining_law
[9] Ibid.
[10] Americas Policy Group, 2010.
[11] Anne Vigna, NACLA, “The Parody of Electoral Observation,” Marzo-abril 2010.
[12] Todd Gordon, The Bullet, “Military Coups are Good for Canadian Business: the Canada-Honduras Free Trade Agreement,” 8 de marzo de, 2011; Accesado 8 de abril de 2012: http://www.newsocialist.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398:military-coups-are-good-for-canadian-business-the-canada-honduras-free-trade-agreement-&catid=51:analysis&Itemid=98
[13] Cable de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa al Secretario de Estado en Washington, DC, “Subject: Conference Raises CSR Awareness in Honduras,” Julio de 2010.
[14] DFAIT, “Final CSR Initiatives 2011-2012 for Centre of Excellence Consideration,” Obtenido Julio de 2011
[15] Cameron MacKay, El Heraldo, “Canadá y Honduras, trabajando juntos,” 1 de julio de 2011; Accesado 9 de abril de 2012: http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2011/07/01/Opinion/Canada-y-Honduras-trabajando-juntos
[16] La Tribuna, “Lobo participa en la celebración del Día Nacional de Canadá,” June 29, 2011; Accesado 15 de febrero de 2012.
[17] Proceso Digital, “Listo el dictamen de la nueva Ley de Minería,” 17 de enero de 2012
[18] Mustang Alliances Inc, Press Release, “Honduran Congress to Approve New Mining Law,” 8 de febrero de 2012
[19] Hondudiario, “Empresarios urgen pronta aprobación de nueva ley de Minería,” 13 de febrero de 2012
[20] Pronunciamiento Público, “Rechazamos el Proyecto de Ley de Minería del Congreso Nacional porque Violenta los Derechos del Pueblo Hondureño,” 24 de enero de 2012.
[21] Ibid.
[22] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, “Urgent Action: Journalist in danger – Repeated threats and persecution,” Enero 2012.
[23] Nobel Women’s Initiative/Jass, “From Survivors to Defenders: Women Confronting Violence in Mexico, Honduras and Guatemala” pp. 27-29.
[24] La Tribuna, “Canadienses incentivan a la responsabilidad empresarial,” 2 de febrero de 2012.
[25] TV66 En la Mira, “FUNDAHRSE y Embajada de Canadá se reunen para promover la Responsabilidad Social Empresarial,” 2 de febrero de 2012
[26] El Heraldo, “Declaraciones del Ministro de Recursos Naturales de Honduras, Rigoberto Cuellar,” 12 de marzo de 2012.
[27] La Tribuna, “En la formulación de la nueva ley, se recibe apoyo técnico de Canadá y Chile,” 23 de marzo de 2012
[28] El Heraldo, 12 de marzo de 2012
[29] Ibid.
[30] CESPAD, “La percepción de la ciudadanía Hondureña sobre los impactos de la minería metálica,” Noviembre de 2011
Jennifer Moore es coordinadora de la región de América Latina en MiningWatch Canada y es contribuidora del Programa de las Américas.
Traducido por Nara González.