Fuente: Calgary Herald
OTTAWA — El gobierno conservador pretende reducir las restricciones en la venta de armas y equipamiento militar a Brasil, Chile, Perú y Corea del Sur en lo que parece ser el último intento de fortalecer las exportaciones de armamento canadienses.
Mientras la industria de defensa ha aplaudido esta iniciativa argumentando que generará puestos de trabajo y aportará prosperidad económica a los canadienses, muchos se plantean si vender armas a países en desarrollo es el modo más inteligente y favorable de hacer dinero.
El Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo lanzó un discreto plan de consulta el miércoles pasado para conocer la opinión sobre la adhesión de estos cuatro países a la llamada Lista de Países sujetos a Controles de Armas de Fuego Semiautomáticas.
Esta lista se estableció hace más de veinte años y en la actualidad cuenta con 34 países, que son los únicos a los que las empresas de defensa canadienses pueden exportar armas prohibidas y equipamiento militar.
En el plan de consulta no se indica el motivo por el cual el gobierno quiere añadir a la lista a Perú, Chile, Brasil y Corea del Sur.
No obstante, el último país en adherirse a la lista fue Colombia, en diciembre, y unos días más tarde Canadá vendió al país latinoamericano 24 vehículos blindados como los que utilizaron las tropas canadienses en Afganistán por 65,3 millones de dólares.
Steven Staples, presidente del Rideau Institute, con sede en Ottawa, cree que se firmarán contratos similares con los cuatro nuevos países.
“Cada vez que intentan cambiar las leyes para que exportar armas a ciertos países sea legal es porque hay un acuerdo previo”, declaró antes de advertir la visita del primer ministro Stephen Harper a Perú la primavera pasada.
El gobierno conservador ha redoblado esfuerzos en los últimos años para convertir a Canadá en un gran productor y exportador.
En la elaboración del último presupuesto federal, a finales de marzo, el gobierno declaró que quería que la industria de defensa creciera “para que Canadá tenga una industria productora más potente con capacidad para estar a la cabeza en innovación y tecnología”.
Desde entonces, ha pedido a las agencias federales de investigación, como el Consejo Nacional de Investigación, que se centren en el sector, al tiempo que crean fondos multimillonarios para financiar la investigación y el desarrollo que beneficien estos negocios.
También ha fomentado la compra de equipamiento militar canadiense, ya que incluso la Corporación Comercial Canadiense (CCC), dependiente del estado, se ha convertido en la vendedora de armas predilecta.
Fue la CCC la que firmó el acuerdo para la venta de vehículos blindados a Colombia y la de doce aviones Twin Otter a Perú en 2010.
Mientras, la Asociación de Empresas Canadienses para la Defensa y la Seguridad, una organización paraguas que representa al sector, afirma que la industria de defensa y seguridad generó una actividad económica por valor de 12.600 millones de dólares el año pasado, 6.400 de los cuales procedían de ventas en el extranjero.
La asociación, que parece tener el respaldo del gobierno conservador, afirma querer duplicar las exportaciones en los próximos cinco años, algo que solo puede lograrse con apoyo federal.
Sin embargo, Staples, siempre crítico con el creciente gasto militar, cuestionaba tanto la lógica como la moral detrás de este movimiento para convertir a Canadá en un vendedor de armas mundial.
“La industria armamentística no es el camino para constuir una economía de la cual los canadienses puedan sentirse orgullosos”, afirmó. “En cambio, deberíamos centrarnos en otros aspectos como la energía y la tecnología medioambiental. Podríamos ser líderes en sistemas de transporte colectivo”.
Ya hubo polémica en el pasado tras la decisión de vender vehículos blindados a Arabia Saudí, los cuales fueron utilizados para reprimir las protestas en Baréin durante la Primavera Árabe, en 2011.
También se han cuestionado los motivos de dicha venta dado el conflictivo pasado de Colombia, incluyendo el trato del gobierno hacia trabajadores e indígenas.
Staples señaló que Perú también ha tenido dificultades para respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente cuando se ha tratado de proyectos mineros. Brasil, por su parte, ha vivido una oleada de protestas durante más de un mes entre quejas por brutalidad policial.
“Definitivamente, la historia de América Latina está ligada al conflicto”, afirmó.
“Así que resulta preocupante pensar que podríamos estar contribuyendo al deterioro de relaciones entre países o facilitando la represión ante movimientos de protesta, pueblos indígenas o trabajadores que luchan por sus derechos”.