Fuente: Toward Freedom
“Hace unos años, nuestra gente, la gente que ves a tu alrededor, empezamos a darnos cuenta de lo que estaba sucediendo”, relató Maudilia López a los cientos reunidos para el primer Tribunal Popular Internacional de Salud en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala. El evento estuvo abarrotado de gente, incluso algunos asistentes se acomodaban en la salida de la sala llena, mientras otros aún buscaban un espacio.
El Tribunal Popular Internacional de Salud (TPIS) se realizó en el segundo piso de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, un municipio de las Tierras Altas Occidentales de Guatemala, pobladas por unas 60 000 personas, la mayoría de ellas de origen Maya-Mam. San Miguel Ixtahuacán es el sitio principal de la mina Marlin, una mina de oro a cielo abierto y uno de los proyectos más importantes del gigante de la minería de oro canadiense, Goldcorp Inc.
El encuentro, que tuvo lugar el 14 y 15 de julio, fue el resultado de un esfuerzo organizativo por parte de las comunidades afectadas por la mina Marlin. También estuvieron presentes personas afectadas por la mina Los Filos en México y San Martín en Honduras (ambas propiedad de Goldcorp), tanto como representantes de toda Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, y Panamá), quienes proporcionaron una análisis regional y una crítica del modelo de extracción de recursos y sus efectos en comunidades.
“Por el momento, pediremos ante esta comunidad, que jures llegar a una conclusión basada en lo que hayas oído de la gente”, Lopez continuó, volteando su atención hacia el panel de jueces en frente a ella.
Sentados frente del público se encontraban los doce jueces del Tribunal, en un panel compuesto por destacados defensores de derechos humanos, ecologistas, especialistas de la salud y científicos de cinco países diferentes. Entre ellos estuvo Robert Goodland, un ecologista tropical canadiense que trabajó durante 23 años como asesor ambiental para el Banco Mundial; el doctor A. Chicas, especialista en salud pública y Secretario del Comité de Ética para la Profesión Médica en El Salvador; Jesús Lara Chivarra, autoridad indígena de la Nación Wixarika (México) y miembro del Frente de Defensa Wirikuta; Yolanda Chalí de la Asociación para Servicios de Salud Comunitarios de Guatemala; y Rachel Sieder, del Centro para Estudios Avanzados en Antropología Social, México. Viajaron desde el norte y desde el sur para escuchar a decenas de vecinos, expertos técnicos, mujeres, hombres, mineros, líderes indígenas e incluso niños, que contaron cómo la megaminería a cielo abierto ha afectado sus vidas.
Mientras el Tribunal continuaba, las mujeres prepararon ollas grandes de caldo y montones de tamalitos para alimentar a los cientos de asistentes. Emisoras de radio comunitarias de San Marcos, Huehuetenango, y de la Ciudad de Guatemala transmitieron el evento en directo. En el primer piso se dispuso un cuarto para los medios independientes, que prepararon materiales para difusión internacional, mientras comenzaba oficialmente el primer día de testimonios.
Tribunal Popular de Salud: ¿de qué se trata?
El TPIS tomó como modelo una práctica popular de justicia pública conocida como Tribunales Permanentes del Pueblo, que se han utilizado a lo largo de las Américas para denunciar los daños causados por corporaciones multinacionales, que de lo contrario disfrutan de plena impunidad en los sistemas legales nacionales e internacionales. El TPIS no ha tenido precedentes, ya que ha sido el primer intento por parte de un tribunal popular de lidiar con el asunto de la salud de manera sistemática.
El propósito de los tribunales es darle a la gente la oportunidad de aportar su voz. Proporcionan un espacio para que la gente se exprese, para que se escuchen sus quejas y para escuchar las de otros, un espacio para que la información se sistematice y las experiencias se puedan transmitir y compartir con un público más amplio. Los resultados no son legalmente vinculantes, pero el objetivo es terminar con la impunidad de las corporaciones, por lo menos de manera simbólica.
La premisa del TPIS, inspirada en parte por un estudio realizado por la enfermera diplomada y estudiante de doctorado Susana Cajax, era mirar a los efectos holísticos de salud que tiene la minería a cielo abierto en la región. A pesar de la larga historia de acumulación por desposesión que posee la industria minera en las Américas, se ha puesto poca atención en determinar el nivel de impacto que ha tenido la minería en la salud humana. Las comunidades y los organizadores del evento estaban comprometidos a abordar la salud de manera diferente, enfocándose tanto en la salud física como psicosocial de los individuos y las comunidades en su conjunto.
En cuanto a las consecuencias en la salud física, surgieron claras similitudes en tres minas de Goldcorp utilizadas como estudios de caso: enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas, mayor incidencia de cáncer, nacimientos prematuros, un aumento de defectos de nacimiento y abortos espontáneos, y actos de violencia física, como asesinatos y represión gubernamental.
Las dinámicas psicológicas y sociales son más abstractas. A menudo se pasa por alto lo que la gente describió como impactos en el tejido social de sus comunidades, en su estado psicológico y en su capacidad de ejercer la autodeterminación sobre sus vidas. Estos problemas surgen de la imposición inicial de los proyectos mineros, en violación al derecho de consentimiento libre, previo e informado, garantizado por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y al derecho de ser consultado adecuadamente, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como explicó el representante Gustavo Lozano:
Se trata también de salud psicosocial. Las comunidades viven con una gran ansiedad porque han perdido el control sobre sus propias vidas. Esto afecta su dignidad de forma directa. De hecho, podríamos decir que esa es una de las definiciones de dignidad: de repente, uno no sabe qué le va a suceder. La industria minera es como un trauma para las comunidades; ocasiona daños irreparables, daños que no tienen precio, que permanecen durante cientos de años. Pero también traen represión, ley marcial, bases militares, criminalización en forma de órdenes de detención injustas y cargos por tráfico de drogas, amenazas personales a nuestra vida, e incluso violación.
Según Cajax, el Tribunal se diseñó para valorar el conocimiento popular de las comunidades, dado que los estudios científicos realizados por instituciones occidentales no son suficientes para entender la complejidad de las consecuencias en la salud ni el modo en que la gente las experimenta.
“No se puede entender la salud sin entender la realidad”, dijo Cajax. Y agregó que su investigación también consistió en recopilar pruebas cualitativas para comprender las experiencias de la gente. Descubrió que la gente estaba estresada por su salud y bienestar, lo que ocasionó un “sufrimiento psicológico muy fuerte a nivel colectivo”.
“Hay mucho alcoholismo y un aumento en los casos de VIH/SIDA, un aumento en la violencia contra la mujer, la violencia doméstica”, añadió Cajax. “Y, por supuesto, los daños físicos también tienen un efecto psicológico profundo”.
El doctor hondureño Juan Almendares, fundador de la Academia de Ciencia Hondureña, ha estado realizando análisis de salud en la comunidad del Valle de Siria, en Honduras, donde la mina San Martín de Goldcorp operó desde el año 2000 al 2008 (primero como parte de Glamis Gold). Durante las declaraciones de expertos en el Tribunal, Almendares señaló la importancia de encontrar una manera más holística de tratar la salud por medio de la incorporación del conocimiento popular en el análisis.
“Si queremos analizar la salud, tenemos que hablar no solo de un sistema, sino de todos los sistemas…tenemos que integrar ciencia, espiritualidad y conciencia social”, explicó. “El conocimiento no se crea únicamente en las universidades, sino también entre el pueblo…tenemos que escucharnos unos a otros, escuchar el conocimiento y sabiduría que poseemos”.
Negocio sucio en Guatemala
“Siempre querían comprar mi tierra y siempre me han amenazado por no haberla vendido. Una vez tenía a mi nieto en mis brazos, y me pusieron un machete al cuello. Luego mi nieto empezó a llorar, eso es lo que me salvó la vida”, declaró Diodora Hernández, que se ha negado a vender su tierra a Goldcorp en reiteradas ocasiones.
Hernández contó las amenazas de muerte recibidas, que comenzaron a raíz de la presencia de la compañía minera en su comunidad. En 2009, dos exempleados de la mina le dispararon en un ojo pero sobrevivió el ataque. “Esto es lo que han hecho y lo que siguen haciendo”, continuó, “y no he cometido ningún otro delito que no sea negarme a vender mi tierra”.
Además de soportar presión, amenazas y coerción por parte del personal de la compañía minera para que vendan sus tierras, las comunidades de los alrededores de la mina Marlin de Goldcorp utilizaron el Tribunal para denunciar las violaciones ambientales, de salud y de derechos humanos en las que ha incurrido la mina, en un fuerte contraste con la imagen que la compañía ha pintado para sus accionistas y para los medios.
Marlin es uno de los proyectos más importantes y de menor costo para Goldcorp en América Latina, con un total estimado de 1 250 000 onzas de oro extraíbles. Fue construido en 2005 por una filial de Montana Exploradora, con la ayuda de un préstamo de 45 millones de dólares del Banco Mundial y sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas de Maya-Mam.
“El factor más importante es que operamos la mina según los estándares internacionales desde el principio”, respondió el director general de Goldcorp, Chuck Jeannes, en Mayo 2011 ante las acusaciones por violaciones de derechos humanos y daño ambiental. Ese año, Jeannes ganó $11,4 millones en indemnización; se convirtió así en uno de los diez directores generales mejor pagos de Canadá. Esto, apenas un año después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas cautelares para 18 de las comunidades linderas a la mina, con las que instó al gobierno guatemalteco a suspender las operaciones en Marlin de inmediato, para salvaguardar la salud y la seguridad de la población. Sin embargo, Guatemala no cumplió, y la mina Marlin continua operando sin el consentimiento de la comunidad.
Muchos en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, los dos municipios afectados por la concesión de Marlin, atribuyen la gravedad de las divisiones en la comunidad y el conflicto social que experimentan a esta falta inicial de consulta. De hecho, para formalizar su posición como respuesta a la incapacidad del gobierno guatemalteco de cumplir con sus responsabilidades legales internacionales, el 18 de junio de 2005, las comunidades de Sipacapa celebraron un referéndum sobre la mina. El resultado fue un rechazo aplastante de la mina: 2 486 personas votaron contra la mina, 35 lo hicieron a favor, y 32 se abstuvieron. El voto fue considerado no vinculante por la corte más alta de Guatemala después de que Goldcorp presentara una impugnación jurífica contra el referéndum.
Tras la adquisición de Glamis Gold (empresa que comenzó a poner en marcha la mina) por parte de Goldcorp, han salido a la luz numerosos informes periodísticos, estudios y testimonios que ofrecen pruebas de que el proyecto minero en efecto ha causado un daño a la salud integral de las comunidades.
En un análisis de Evaluación de Impacto Social y Ambiental de Goldcorp, realizado por Etech International, se descubrió que “desechos de la mina tienen un potencial moderado a alto de generar ácido y lixiviar contaminantes”. También determinó que “los datos existentes sugieren que las filtraciones de colas podrían estar migrando al drenaje corriente abajo del embalse de colas” y que “el tratamiento no controlara las fugas potenciales de contaminantes a las aguas subterráneas”.
Las evaluaciones imprecisas de impacto ambiental parecen ser un problema en toda la industria. En diciembre de 2006, EARTHWORKS, una organización que vigila la industria extractiva, realizó un estudio en 25 minas de los Estados Unidos, donde las normativas y la supervisión superan ampliamente las de sus vecinos centroamericanos. Earthworks descubrió que “el 76 por ciento de las minas analizadas sobrepasaron los niveles permitidos de sustancias tóxicas en el agua, por lo que contaminan ríos y agua subterránea con tóxicos como plomo, mercurio, arsénico, y cianuro”.
En 2010, la organización Médicos por los Derechos Humanos publicó un estudio independiente sobre la mina Marlin y determinó que “algunas personas que viven cerca de la mina tienen niveles relativamente altos de plomo en sangre y arsénico en orina.”
También se ha denunciado la persecución política y la criminalización como factores que contribuyen al trauma psicológico y social de las comunidades afectadas. Desde que se ha puesto en funcionamiento la Marlin hasta la actualidad, se han emitido al menos 15 órdenes de arresto contra miembros de la comunidad que se oponen a la mina. Estos también han sido víctima de varias acusaciones, entre ellas, sabotaje, tentativa de cometer un delito y sedición. Ocho de los miembros de la comunidad que fueron perseguidos eran mujeres; algunas debieron huir de su comunidad para que no las detuvieran.
Pero Greogria Crisanta Pérez, que recibió dos órdenes de arresto separadas, emitidas contra ella en 2008, declaró: “Vivimos de la tierra. Comemos frijoles y maíz. Daría mi vida para defender todo lo que nos da sustento”.
Herencia tóxica en Honduras
“¡Tenemos que defender la vida con la vida misma! Venimos del Valle de Siria para dar nuestro testimonio de cómo hemos sido estropeados gravemente por la mina de San Martin de Goldcorp”, declaró durante el Tribunal Carlos Amador del Comité del Valle de Siria en Honduras.
Amador contó cómo las comunidades del Valle de Siria han sido afectadas por la destrucción ambiental y han luchado contra ella y los problemas de salud que conllevan todas las actividades mineras de Goldcorp.
¿Por qué a las compañías mineras multinacionales que vienen de Canadá solo les importa el dinero, el dinero, el dinero, y no les importamos nosotros?”, añadió Amador. ”Estamos sufriendo 10 años de minería destructiva. Nos están matando lentamente. Y el gobierno hondureño los está ayudando”.
Desde 2004, estudios independientes han concluido que la mina San Martin de Goldcorp en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán, Honduras, ha sido una fuente de contaminación tanto del medioambiente como de los cuerpos de los residentes locales. Esos estudios han detectado niveles peligrosos de químicos tóxicos, como cianuro y arsénico; metales pesados, como plomo; y la presencia de drenaje ácido de mina.
En un artículo de mayo de 2006 para el periódico londinense The Independent, el periodista Andrew Buncombe señaló que la mina San Martín de Goldcorp “subraya cómo—teniendo posesión de las reservas de oro más accesibles en el mundo— las compañías mineras ahora utilizan métodos altamente destructivos y tóxicos en países en vías de desarrollo para alimentar nuestra continua demanda de este metal precioso”.
Buncombe también indicó que los métodos de minería que utiliza Goldcorp, que pueden “producir hasta 30 toneladas de desecho tóxico por cada onza de oro producida”, han sido descartados por la compañía como el posible origen de los problemas de salud ocasionados. Citó a un funcionario de la compañía que vinculó los problemas de salud con la “mala dieta” de los hondureños locales.
En otra audiencia pública celebrada en Guadalajara, México, en 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua, una organización autónoma, independiente e internacional de justicia ambiental, dictaminó que la filial de Goldcorp en Honduras, Entre Mares, ha sido “culpable y debe asumir la responsabilidad por el uso inapropiado y la contaminación de fuentes de agua de la región [del Valle de Siria], y por causar perjuicio y riesgo al ecosistema y la salud humana”.
También se han informado casos de ganado muerto cerca de la mina, enfermedades de la piel, abortos espontáneos y defectos de nacimiento, mientras que se encontró plomo y arsénico en la sangre de hondureños locales que viven río abajo de la mina que sobrepasó los niveles internacionalmente permitidos. Además, en 2010, el Gobierno presentó cargos contra la compañía por contaminación del agua “sobre las pruebas del organismo de asistencia CAFOD” presentadas en 2009.
“A pesar de la persistente negación de Goldcorp, esta nueva información brinda pruebas irrefutable de que la mina de San Martin ha causado contaminación en Honduras. “Esto es lo más reciente en una larga lista de problemas en la mina”, dijo la analista de políticas extractivas de CAFOD, Sonya Maldar, en 2009. “Goldcorp debe limpiar sus malos actos para no dejar a la gente del Valle de Siria una herencia tóxica cuando la compañía se retire de Honduras a fin de año”.
En 2008, la compañía comenzó con el llamado proceso de recuperación en el sitio. En el plan de cierre de la compañía, faltó fue un programa para tratar los problemas de salud de las comunidades vecinas afectadas por la mina.
Pero las experiencias de miembros de la comunidad hablan por sí mismas. Olanda Occosta declaró en el Tribunal que ella tiene plomo y arsénico en la sangre y está perdiendo el pelo.
Rodolfo Arteaga, un extrabajador de Goldcorp, declaró en el Tribunal que le diagnosticaron “bronquitis grave e infección pulmonar”, por lo que quedó incapacitado para trabajar. También declaró que sufrió psicológicamente por la destrucción de su comunidad, Old Palo Ramo, donde había vivido durante 37 años antes de que lo obligaran a reubicarse. “Mi comunidad se fundó en 1880”, explicó. “Y con una sola compañía que vino en marzo de 2000, se destruyó en unos días”.
Finalmente, Angel Torres, otro exminero con 8 años de experiencia, que quemaba contenedores de cianuro para la compañía, contrajo leucemia crónica y ya no pudo trabajar. Declaró en el Tribunal que 36 de sus compañeros mineros estaban sufriendo enfermedades serias y que algunos se han vuelto estériles. Agregó que algunas mujeres que habían trabajado dentro de la mina sirviendo comida contrajeron cáncer de útero. “Todos necesitamos todos los órganos en nuestros cuerpos”, manifestó Torres. “La minera no ha hecho absolutamente nada por nosotros”.
Un futuro anunciado para México
Los Filos, la mina de oro más grande de México, ubicada en el estado de Guerrero, empezó a funcionar en 2007. México se unió a los diez productores de oro más importantes del mundo el año pasado, en medio de un minero, a pesar de economía fluctuante y una “guerra contra el narcotráfico” que ha dejado más de 39 000 muertos y otros tantos más desaparecidos. Como señaló el Wall Street Journal en un artículo del 18 de julio, en Los Filos “se extraen más de 70 000 toneladas métricas de tierra por día con explosivos y bulldozers, tras lo cual la tierra se transporta a un sitio cercano donde se utilizan piletas de cianuración para obtener el mineral.”
El escritor y fotógrafo David Bacon, en un artículo del 25 de julio para Truthout, señaló que “la cantidad de tierra otorgada en concesiones alcanzó las 25 millones de hectáreas hacia el final de la presidencia [del expresidente mexicano Vicente] Fox en 2006, y luego alcanzó las 51 millones de hectáreas, más del doble, solo en los primeros cuatro años de su sucesor Felipe Calderón”.
“En México, en los últimos 12 años con un Gobierno más conservador, hemos visto la autorización de 26 000 concesiones mineras a lo largo del país”, afirmó ante el Tribunal Miguel Ángel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). “Es prácticamente una tercera parte de todo México. Ese es el tamaño de la expansión que vemos en México, y es parecido a lo que está sucediendo en América Central y otras partes del Tercer Mundo”.
En enero de 2007 se realizaron protestas y campamentos para bloquear la construcción de la mina. Según un artículo del Boletín de Proyecto México de 2011, publicado por Peace Brigades International, la compañía no consultó ni informó a la comunidad adecuadamente sobre el alcance y las posibles consecuencias de su proyecto desde el principio.
Mijangos, de Guerrero, México, declaró que a partir de junio de 2012, seis años desde que la mina empezó a operar, se estima que el 100 por ciento de los hogares en Carrizalillo tienen por lo menos un miembro de la familia que sufre de una enfermedad relacionada a la minería.
“Yo vine aquí por mis hijos, más que nada”, dijo Petra Maturana, madre de dos afectados por la mina Los Filos, “porque los ha afectado a ellos más que a mí, y porque ellos son los que van a estar aquí en el futuro”. Maturana declaró en el Tribunal que su primer hijo nació con una deformación del cráneo. También dijo que ella padece de sarpullidos y ampollas en su propio cuerpo.
“La verdad es que casi todo el dinero que gana un minero lo utiliza para pagar los gastos de salud de sus hijos. Al final, no se benefician mucho”, dijo Maturana. “Por un lado, es bueno que ganen bien, pero del otro, gastan dinero en su enfermedad, y son los hijos los que más se enferman”.
Mijangos también destacó el modo en que Goldcorp aprovecha de condiciones locales para lograr contratos del más bajo nivel con comunidades que ayudan a maximizar sus ganancias.
“Goldcorp, en Garrizalillo, invierte $430 para extraer una onza de oro. Eso es lo que cuesta, y lo venden a $1 600. Aquí en Guatemala, invierten $19. Entre $430 y $19, hay una diferencia atroz”, dijo Mijangos. “Allá te dan más, y aquí no te dan absolutamente nada. Pero aun lo que nos dan allá no es suficiente para curarnos, eso está claro”.
Maturana añadió en el Tribunal: “La verdad es que tengo miedo de quedarme. Porque si la mina es joven y ya nos afecta tanto, imagínate cómo será con más tiempo…me gustaría salir, pero no tengo otro lugar donde ir”.
Hacia un movimiento regional: M4 contra el modelo de desarrollo minero
El 15 de julio, los jueces del Tribunal exigieron a Goldcorp que pague reparaciones a las víctimas de sus actividades mineras, compense a las comunidades por daños pasados, presentes y en curso a la salud y el ambiente, y suspenda todas sus operaciones en Mesoamérica. Concluyeron con la siguiente sentencia: “…Declaramos a Goldcorp culpable por sus actividades en Honduras, Guatemala y México, cuyos efectos encontramos gravemente dañinos para la salud y la calidad de vida, la calidad del ambiente y el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas”.
Al día siguiente del Tribunal, representantes de México, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala se reunieron para anunciar el comienzo del movimiento M4. M4 refiera al Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo de Minería y Extracción. Es un proyecto de coordinación regional para el avance en la defensa territorial y nacional contra la minería y otros modelos impuestos de desarrollo.
Grace García, representante de Costa Rica, compartió la exitosa experiencia de una campaña en todo el país para aprobar una prohibición nacional contra la minería a cielo abierto. José Acosta compartió las dificultades con las que lidió el movimiento salvadoreño después de que la compañía canadiense Pacific Rim llevara al Gobierno de El Salvador a juicio mediante un proceso de arbitraje a puerta cerrada, incluido en las provisiones de derechos de inversores del Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Se entabló la demanda cuando el estado negó la licencia de extracción a la compañía a raíz de la oposición local y nacional a esta actividad. Olmedo Carrasquilla de Panamá habló de los modelos de desarrollo alternativos que se están implementando en las comunidades. Todos confirmaron su visión de que la minería es “la actividad más contaminante y que más viola los derechos humanos en Mesoamérica” y reafirmaron la necesidad de acabar con ella. Como dijo Gustavo Lozano, representante de REMA:
Nuestro análisis es que las compañías mineras tienen estrategias trasnacionales y que tenemos que coordinar luchas trasnacionales para hacer frente a la minería trasnacionales. El M4 se ha organizado precisamente para generar entendimiento sobre cada uno de nuestras luchas y, por lo tanto, para poder unirnos. Es un movimiento joven. Hemos empezado con acciones en Canadá en las reuniones de accionistas de las compañías mineras. Llevaremos la sentencia del Tribunal a nuestros gobiernos y a instituciones internacionales porque no podemos dejar que estas compañías actúen como los nuevos colonizadores de nuestras tierras.
Nely Rivera de Silva, que trabaja con el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador y declaró como testigo experto en el Tribunal, dijo que este sirvió como un vehículo de educación, movilización, y liberación.
“Estamos aquí porque queremos crear movimientos que ayudarán a detener la construcción de proyectos mineros, no solo en El Salvador, sino en todas partes”, dijo Rivera de Silva.
También añadió que es necesaria la solidaridad internacional desde el Norte.
“Las personas de Canadá y los EE.UU. deben ejercer presión sobre sus países para detener la dominación colonial de nuestras comunidades”, concluyó Rivera de Silva.
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Beth Geglia es activista y documentalista independiente de Washington DC. Vivió en Guatemala entre 2007 y 2009, abocada a temas de derechos humanos y justicia ambiental. Ha trabajado en campañas relacionadas a la minería en Guatemala con la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala y el Centro de Derecho Internacional Ambiental.
Cyril Mychalejko es editor para www.UpsideDownWorld.org, revista digital sobre el activismo y política en América Latina.
James Rodríguez es fotógrafo documentalista independiente y fotoperiodista. Su página web, www.MiMundo.org, proporciona una alternativa mediática independiente y es también una agencia de fotografía editorial enfocada particularmente en temas de justicia social relacionados a la tenencia de la tierra, abusos de derechos humanos, procesos de posguerra y efectos negativos de la globalización.