La utilización de la “Guerra contra las drogas” como tapadera para que las compañías petrolíferas consigan tierras.
Fuente: Briarpatch
No fui a La Libertad, en el departamento de Petén, por el pollo frito. Fui por la guerra.
Dicho esto, durante tres noches seguidas me senté en el mismo taburete de plástico mientras observaba la calle principal a través de la ventana y degustaba el mejor pollo que jamás había probado. El cocinero, con el delantal lleno de cuentas de clientes, no quitaba ojo al enorme molde de hierro fundido, el cual estaba plagado de docenas de muslos y pechugas que se freían entre abundante aceite. Cada noche que pasé en La Libertad solía aventurarme en busca de pollo frito una vez se escondía el sol, cuando la temperatura disminuía y alcanzaba unos 30 grados relativamente aceptables. Sentado en una terraza al aire libre me dedicaba a comer y observar.
Parecía que todo sucedía a la vez: las bicis y las mototaxis se detenían, arrancaban y giraban; las mujeres cogían a sus hijos y se escabullían entre las calles, los autobuses iban y venían, los camiones pasaban a toda velocidad. Incluso al caer la noche, en medio del tráfico, la gente vendía mangos, maduros o verdes; diccionarios, bebidas y ropa. Un grupo de empleados de farmacia, ataviados con sus uniformes blancos, acababa el turno. Una noche, unos guardabosques armados se sentaron un par de mesas más allá. Pero la policía o el ejército, habituales de la calle principal durante el día, parecían evaporarse al caer la noche.
Todo parece tan normal, me repetía a mí mismo. No parece una guerra. Y si hay algo por lo que La Libertad es conocida en la actualidad es por la guerra. Esperaba que hubiera algún tipo de tensión, quizá un toque de queda no oficial, controles exhaustivos o convoys con todoterrenos con las ventanas tintadas.
Algo.
Guatemala vuelve a ser noticia, y no por un buen motivo.
Este país centroamericano está captando cada vez más la atención de los medios por ser un punto emergente para las bandas organizadas. Pero, mientras los medios de comunicación se han centrado en las atrocidades y la ebullición del crimen organizado, algo está sucediendo: una nueva fiebre del oro ha estallado en Petén, esa zona al norte de Guatemala cuyo control ansían tantas bandas.
En mayo de 2011, la localidad de La Libertad fue escenario de la masacre más sanguinaria de la historia de Guatemala desde que el conflicto interno de 36 años de duración terminó de forma oficial en 1996. Veintisiete jornaleros fueron asesinados en un rancho llamado Los Cocos. La mayoría de las víctimas eran indígenas de la etnia q’eqchi’. Cuando las autoridades acudieron al lugar de los hechos un día más tarde encontraron 26 cadáveres y 23 cabezas decapitadas.
“Que onda Otto Salguero a vos también te voy a encontrar y a degollar. Atentamente Z200” rezaba un mensaje escrito con sangre humana en una pared junto a los cuerpos, presuntamente enviado por una célula local de los Zetas.
En la red se podían ver imágenes de la carnicería de La Libertad en las que aparecían cabezas esparcidas por el césped y soldados custodiando cadáveres decapitados con las manos amarradas. Imágenes que estremecieron al mundo y que recordaban el oscuro pasado de la historia de Guatemala, cuando acontecimientos de este tipo estaban prácticamente a la orden del día en algunas zonas rurales. Pero a diferencia de lo sucedido en el pasado, los autores del crimen no eran soldados ataviados con uniformes oficiales que recibían órdenes del gobierno. En esta ocasión se atribuyó la autoría a los Zetas, un grupo narcoparamilitar originalmente constituido por miembros desertores de las fuerzas especiales mexicanas que se unieron al Cártel del Golfo, del cual se desvincularon en el año 2010.
Un informe de septiembre de 2011 elaborado para InSight Crime, centro de estudios financiado por George Soros, explicaba que “más que controlar las cadenas de distribución y la infraestructura necesaria para las operaciones diarias, los Zetas tienen como objetivo controlar el territorio”. El informe, confeccionado mayoritariamente a partir de artículos de periódico y de información proporcionada por fuentes gubernamentales, señalaba que la masacre de La Libertad era la primera incursión de los Zetas en Petén. Fox News incluso informaba de una pancarta colgada a finales de marzo en la capital del estado y firmada por Z200 en la que se amenazaba con matar a población civil. Tras la masacre, el gobierno declaró el estado de emergencia, que se prolongó hasta enero de este año.
Pero decir que Petén es territorio de los Zetas supone ignorar otros grandes intereses en esta región rica en recursos; región que supera a Bélgica en tamaño.
Y es que hay clanes consolidados en Petén que se dedican al tráfico de drogas y que no han cedido el control de tan lucrativo mercado a los Zetas. Pero los grupos armados más visibles en la región son la policía guatemalteca y el ejército. Eran una presencia constante durante el día en la media docena de ciudades y pueblos que visité. Se paseaban por las calles subidos en la parte trasera de camionetas o caminando en grupo.
Una mañana, acompañado por un fotógrafo y algunos lugareños, visité el Parque Nacional Sierra del Lacandón, que está en La Libertad. El verano anterior echaron a cientos de familias de campesinos de la comunidad de Nueva Esperanza, argumentando que estaban implicados en el negocio del narcotráfico. Entramos al parque con un par de miembros de la comunidad. No pasó mucho rato hasta que la policía, armas semiautomáticas en mano, nos abordó, registró nuestros nombres y asintió con la cabeza cuando hicimos ademán de irnos. Más tarde, nos advirtieron de que no fuéramos al Parque Nacional Laguna del Tigre porque nuestra presencia en los diversos puntos de control militar de camino al parque podía suponer un problema para los visitantes.
Ambas zonas protegidas cuentan con una gran presencia militar, y ambas son presuntos enclaves desde los cuales se transporta droga a México. Pero también son hogar de docenas de comunidades de campesinos y unas de las zonas de Guatemala con más recursos naturales. Los acontecimientos de Petén no son demasiado conocidos, pero merecen mayor atención, sobre todo por parte de los canadienses.
Para llegar al Parque Nacional Laguna del Tigre hay que pasar por El Naranjo, una ajetreada localidad fronteriza rodeada por un río que llega a México. Durante nuestra visita, los soldados vigilaban la orilla, viejas lanchas motoras de madera iban y venían, otros individuos armados sin uniforme permanecían de pie bajo la sombra de los toldos de las tiendas cercanas y un pequeño símbolo en la zona de carga mostraba el logotipo de otro gran grupo que opera en la región: Perenco.
Perenco es una compañía petrolífera con sede en París que produjo y exportó más de 3,6 millones de barriles de crudo el pasado año, cuando el petróleo sustituyó al cardamomo como cuarto artículo de exportación de Guatemala, por detrás del café, el azúcar y el plátano. La empresa controla 47 pozos conocidos como el Campo Xan dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre y crea un impacto ecológico que cualquiera que tenga acceso a Google Maps puede comprobar. El petróleo viaja a través de un oleoducto de 475 kilómetros de longitud, también propiedad de Perenco, pasa por la refinería que la empresa posee cerca del centro de La Libertad y desemboca en la central de la compañía cerca de Puerto Barrios, en la costa atlántica. Perenco compró el contrato de concesión a la empresa canadiense Basic Resources en 2001.
Según un vecino de la zona, que prefirió conservar el anonimato por miedo a represalias, la militarización de la zona tiene más que ver con la protección de los intereses petrolíferos que con combatir el crimen organizado.
“En el caso de Perenco, se trata de una empresa que está financiando al ejército de Guatemala para así asentarse en la zona”, afirmaba, al tiempo que revelaba que hay seis bases militares y al menos 250 soldados integrantes del Batallón Verde en Laguna del Tigre. Algunos de los soldados han participado en el desalojo forzado de las comunidades que vivían en el parque y actualmente son los encargados de mantener lo que podría denominarse un estado de sitio para aquellos que continúan aún en el parque. Las 25 o 30 comunidades que quedan en el parque no sólo no pueden talar un árbol sin permiso, sino que están sometidos a una presión constante por parte de los soldados y los guardabosques armados.
“En primer lugar, la mera presencia de soldados incomoda a las comunidades, porque les vienen recuerdos, cuando ven un soldado ven a alguien que está ahí para matar”, afirmaba el vecino, que viaja con regularidad a la zona. “En segundo lugar, han construido un puesto de avanzada en la carretera, a unos 15 o 17 kilómetros de El Naranjo, desde donde controlan todo lo que las comunidades introducen en el parque”. El vecino contaba cómo los soldados impiden que introduzcan provisiones, herramientas para trabajar y materiales que necesitan para sus hogares, como chapa de zinc, ladrillos, arena y varilla corrugada. “Les presionan al negarles el acceso a todo aquello que necesitan, pues es otro modo de ejercer presión para que así abandonen la zona por voluntad propia,” relataba.
Perenco ha desviado la atención del impacto que sus actividades causan en el parque al afirmar en su página web que “admiten la dura naturaleza de los problemas a los que se enfrenta el parque, como aquellos que provocan las comunidades itinerantes [sic] y las técnicas ilegales de roza y quema.” El gobierno de Guatemala también culpa a los habitantes del parque de dañar el medioambiente en uno de los mayores pantanos de todo Centroamérica. “No me cansaré de repetir que las principales amenazas para el Parque Nacional Laguna del Tigre son las vacas y no los oleoductos de Perenco,” declaró el antiguo presidente Álvaro Colom en 2010.
Rudel Mauricio Álvarez, antiguo gobernador de Petén, afirma que durante su mandato, que finalizó a principios de este año, la elección estaba entre petróleo o drogas. Me reuní con Álvarez en una moderna cafetería al aire libre en Flores, la pintoresca capital de Petén, tras un contacto vía Twitter animado por la mención de la palabra “narcoganadería,” esto es, la utilización de enormes ranchos como tapadera para el tráfico de drogas.
“Te hacías la pregunta: ¿Qué es peor? ¿Qué es más dañino? ¿El petróleo, que sólo te tiene 450 hectáreas donde estan los campos, o los narcoganaderos, que tienen 148.000 hectáreas?”, preguntó. “Y todo mundo, ambientalistas y todos, se fueron contra el petróleo… y invisibilizaron el problema real de las áreas protegidas,” afirmó, mientras realizaba una breve pausa antes de retomar su pregunta. “El problema no es la explotación de petróleo…. El problema es narcoganadería.”
De las personas con las que hablé, nadie negó que Laguna del Tigre formara parte de una ruta adonde la cocaína colombiana llegaba a través de pistas de aterrizaje privadas y entonces se transportaba a México. Las opiniones difieren al determinar la implicación de las comunidades del parque en el tráfico de drogas. Álvarez afirmaba que la mayoría de las comunidades están formadas por invasores financiados por los narcodólares. Pero a diferencia de muchas zonas de México controladas por el negocio de la droga, no vi un solo todoterreno ostentoso durante mi estancia en Petén. Mi fuente en El Naranjo decía que los narcos actúan con discreción, tan solo van y vienen en avión, mientras que las comunidades, muchas de las cuales estaban formadas por familias desplazadas durante el conflicto interno, sobreviven gracias a pequeñas cosechas de maíz, frijoles y calabacín.
Una cosa está clara. La presencia de traficantes de droga en Laguna del Tigre no ha afectado a la producción de petróleo. De hecho, las compañías petrolíferas tienen un interés renovado en el petróleo guatemalteco.
Durante los últimos años, un puñado de compañías petrolíferas canadienses ha hecho incursiones en Guatemala. Quattro Exploration and Production, con sede en Calgary y muy activa en la región de Saskatchewan, ha adquirido concesiones petrolíferas por valor de 350.000 hectáreas en Guatemala desde noviembre del año pasado. Su más reciente adquisición es la concesión de un bloque contiguo a Laguna del Tigre. Otras compañías, como Pacific Rubiales y Truestar Petroleum Corporation, también han tenido presencia en Guatemala recientemente.
El petróleo es sólo una de las extraordinariamente lucrativas industrias de Petén. Un megaproyecto dirigido por la élite conocido como Cuatro Balam propone la utilización de biocombustibles y la agricultura a gran escala en el sur de Petén, así como una mayor inversión en infraestructuras para el turismo de masas. En este proyecto participan grupos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Organizaciones dedicadas a la conservación ambiental vinculadas a grandes corporaciones, como Wildlife Conservation Society, con sede en Nueva York, siguen reclamando enormes extensiones de terreno para el parque. También existe la amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos, cinco de los cuales se desarrollarían sobre el río Usumacinta. Los activistas estiman que 35.000 personas serían expulsadas de sus tierras.
Los pocos beneficios que reportarán estas actividades económicas lícitas o ilícitas, si es que reporta alguno, jamás llegarán a tener efecto en la vida de la mayoría pobre de Petén. Parecen ser los más vulnerables ante la perspectiva de ser desplazados de la tierra de la que dependen para su supervivencia y perder amigos y seres queridos conforme la guerra contra las drogas crece en Guatemala.
En medio de todo esto, el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, un férreo ex general que durante su campaña habló de endurecer la política para combatir el crimen, ha hecho llamamientos públicos para legalizar la droga. Algunos analistas consideran que Pérez Molina, al frente del Partido Patriota, con una sólida base de votantes que son soldados y veteranos, está entre la espada y la pared. Para cortar de veras el tráfico de drogas tendría que luchar contra los suyos: el ejército, que, como bien se sabe, está implicado en el negocio.A pesar de las palabras de Pérez Molina, Guatemala sigue aportando más soldados y policías armados, supuestamente para combatir el tráfico de drogas, siguiendo la estrategia elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para la región. Stephen Harper anunció en abril que Canadá se uniría a los Estados Unidos y a México para lograr una nueva estrategia de seguridad en la lucha contra las drogas en Centroamérica. El aumento de la violencia y el paramilitarismo son típicos efectos secundarios de la política antidrogas estadounidense: ambos han alcanzado niveles impactantes en Petén. “Un aumento del 10% en asistencia militar estadounidense vino asociado a un aumento del 15% en ataques paramilitares en las regiones en las que había una base militar colombiana, en comparación con otras regiones”, afirmaron recientemente varios economistas, según la publicación Foreign Policy.
En la actualidad, tras más de una década como campo de pruebas para la política antidrogas estadounidense (durante la cual hubo unos cuatro millones de desplazados, 50.000 desaparecidos y miles de activistas políticos, disidentes, sindicalistas y ecologistas fueron asesinados), la economía de Colombia es la que crece a mayor velocidad de toda Latinoamérica.
La moraleja que se extrae del caso de Colombia es que, desgraciadamente, las drogas y el petróleo se mezclan, y ya no cabe duda de que las políticas que se probaron en Colombia se están aplicando en Guatemala. Cuando Hillary Clinton visitó el pasado año Guatemala y anunció la entrega de fondos para la iniciativa antidrogas en Centroamérica capitaneada por Estados Unidos, dijo explícitamente que su gobierno estaba utilizando estrategias que ya había empleado anteriormente en Colombia y México.
“Hemos de recordar que el presidente de Colombia, Santos, al igual que Pérez Molina, quiere extender el Plan Colombia, lo cual no sólo significa fortalecer la lucha contra el narcotráfico; lo que realmente significa es convertir el plan en una forma de paramilitarismo para generar un nuevo tipo de contrainsurgencia, no contra movimientos sociales sino contra las comunidades indígenas”, declaraba Máximo Ba Tiul, un analista de etnía poqomchí afincado en Alta Verapaz. “Es la remilitarización de Guatemala como proyecto patriótico”.
Dawn Paley es una periodista independiente. Es cofundadora del Vancouver Media Co-op, y en la actualidad se encuentra trabajando en su primer libro, que versa sobre el capitalismo y la guerra contra las drogas.
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