(IPS) – “Yo estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi nombre, menos”. Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40 años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de Colombia.
Allí, en medio de una biodiversidad desbordante, entre la cordillera de los Andes y la costa oceánica campean las dos guerrillas izquierdistas activas, una que está en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en plan de emprender un camino similar.
También operan grupos paramilitares de ultraderecha, que las autoridades llaman Bacrim (bandas criminales) tras una desmovilización negociada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Son el único sector armado en crecimiento.
En la actualidad, esos bandos se dedican a la minería del oro, actividad ancestral en el lugar. La producción y tráfico de cocaína no va más en el sur de la región conocida como Costa Pacífica, se asegura. “El negocio es el oro”, confirmó el hombre que se declara desplazado de su hogar.
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Según sus datos, el oro genera hoy entre 13 y 23 veces más ganancia neta que la cocaína en el suroccidente colombiano, cerca de la frontera ecuatoriana.
Pero para dedicarse al oro hay que tener más capital inicial. Y la minería también trae conflictos. Muchos.
En los últimos 20 años, Colombia se transformó radicalmente al convertirse en un país minero y petrolero. Y la institucionalidad no se ha ajustado a esa nueva realidad.
Es la conclusión de los especialistas que hablaron para IPS en el marco de la presentación de “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, el estudio más completo hasta ahora, primero de una serie de informes de la Contraloría General de la República, máximo organismo interno de control fiscal.
El economista Luis Jorge Garay dirigió durante seis meses el grupo de autores, integrado por los expertos Julio Fierro, Guillermo Rudas, Álvaro Pardo, Fernando Vargas, Mauricio Cabrera, Rodrigo Negrete y Jorge Espitia.
Los comentaristas durante el lanzamiento, el lunes 6, fueron Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, Jorge Iván González, director del Centro de Estudios Económicos de la pública Universidad Nacional, y el jurista especializado en derecho constitucional Rodrigo Uprimny, director de la no gubernamental DeJusticia.
“Esta investigación es de la mayor importancia. Por primera vez aparece en un solo volumen la complejidad de la minería en todos sus aspectos: el ambiental, el social, el jurídico, el económico”, indicó Rodríguez.
“Nos indica que estamos encaminando el sector minero con muy poca consideración de los enormes costos sociales y ambientales que implica”, dijo.
La Constitución de 1991 establece una serie de derechos fundamentales que, sin embargo, se degradan a la hora de las normas mineras. Un funcionario de turno puede emitir una medida que contradiga la carta magna, pero es la que va a primar en la práctica.
“El Estado está renunciando, desde hace dos o tres décadas, a tener una participación en los recursos que genera la minería legal”, dijo el economista Rudas. “El problema no es únicamente la minería ilegal, sino la minería legal, que no está dejando réditos al país para que tenga un Estado fuerte, capaz de solventar los otros problemas”, argumentó.
La contralora general, Sandra Morelli, consideró que “el Estado colombiano se ha venido debilitando notablemente, y no es un tema de tamaño, sino de capacitación técnica y de facultades jurídicas para intervenir, de manera mucho más oportuna, para evitar afectaciones al interés público”.
La minería aporta anualmente a Colombia unos 1.100 millones de dólares, según la contralora. “La pregunta es si esa cifra está compensando el impacto de la actividad minera o no”, planteó.
En la actualidad, los principales rubros mineros de Colombia son el carbón, del que es décimo productor mundial, el níquel, en que ocupa el séptimo lugar, y el oro, en el puesto 22 entre los mayores países extractores.
“En Colombia se ha creado la idea de que hay que atraer la inversión extranjera dando dádivas. Falso. La inversión extranjera va donde hay los recursos, pero más donde hay reglas claras”, declaró Garay, el director del estudio.
“Este informe muestra que la minería, si bien tiene promesas, tiene también enormes peligros”, advirtió Uprimny. Ellos van de los ambientales, de afectación de pueblos indígenas y afrocolombianos, de disputa de la tierra a la agricultura, hasta la eventual intensificación del conflicto armado y el desplazamiento.
“Plantea algunas recomendaciones para fortalecer la normatividad ambiental y la capacidad regulatoria jurídica. Es un informe muy importante para enfrentar un país que se volvió minero”, añadió el constitucionalista.
“Se conceden licencias ambientales a todo el que las pida, solo se niegan tres por ciento de las solicitudes”, indicó Uprimny.
El desplazado, quien asistió al lanzamiento del informe, se incluye entre las minorías afectadas y en el tres por ciento rechazado. “A las comunidades afrodescendientes no se les otorgan títulos mineros. Se les dice que no cumplen los requisitos”, aseveró.
“Hay una coincidencia territorial, en términos geográficos, con fenómenos de desplazamiento”, advirtió el abogado y sociólogo Fernando Vargas, “y territorios donde hay solicitudes mineras o licenciamiento minero”.
“Sobre todo en territorios ancestrales, la explotación del oro está generando tensiones gravísimas y crisis humanitarias, violaciones al derecho internacional humanitario y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”, indicó.