Lamento en la selva:Alzamiento amazónico y visiones contrapuestas de desarrollo en el Perú

La huelga indefinida declarada el 9 de abril por los indígenas de la Amazonía se ha tornado en una preocupación central para los principales poderes del estado debido a la toma de bases petroleras, bloqueos en los ríos, piquetes en las carreteras y movilizaciones en la que se han exhibido lanzas y pancartas reclamando la derogación de 10 decretos legislativos que los nativos consideran peligrosos para la selva y sus comunidades.

Si bien el 19 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso calificó inconstitucional la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), su derogación todavía no es efectiva porque no ha sido votada en el pleno parlamentario. Aun así, faltan otras nueve normas que los amazónicos esperan ver derogadas y que fueron declaradas inconstitucionales por una comisión multipartidaria en el Congreso en diciembre del 2008.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que lidera el movimiento amazónico, sostiene que la protesta se mantendrá indefinidamente mientras que no se vean atendidos sus reclamos.

Es decir, que el gobierno levante el estado de emergencia que rige desde el 9 de mayo en cinco regiones amazónicas, que el Congreso derogue los decretos en controversia y que se discuta en una mesa de diálogo un desarrollo distinto en la Amazonía[i].

Los decretos de la discordia se dieron cuando el Congreso le otorgó a finales del 2007 facultades extraordinarias al Ejecutivo para que ajustara el marco normativo del Perú al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

De los 99 decretos legislativos que el Ejecutivo presentó hasta mediados del año pasado, 10 vulnerarían los espacios forestales en beneficio de las grandes inversiones en las industrias extractivas, tales como el petróleo, la minería, la madera, el gas y los biocombustibles.

Las organizaciones que se ha aunado a la protesta liderada por Aidesep sostienen que estos decretos violan el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo —firmado y ratificado por el estado peruano— que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en temas que afectan de forma directa a sus comunidades.

El 15 de mayo, el conflicto entre los pueblos amazónicos y el gobierno central llegó a un punto álgido cuando Pizango, al ver que no se producían acuerdos entre las partes, hizo un llamado a la insurgencia y se temió derramamiento de sangre en las regiones declaradas en emergencia donde la presencia militar y policial es fuerte.

Al día siguiente, los voceros de Aidesep bajaron el tono tras firmar un acuerdo con la Defensoría del Pueblo y dijeron que había sido “excesivo” lanzarse a la insurgencia. Pese a ello, esta semana el Ministerio Público y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han denunciado a Pizango por sedición, rebelión y conspiración contra el estado peruano[ii].

Puyazos y resoluciones

Por su parte, el presidente Alan García ha declarado: “Yo no obedezco a ningún grupo corporativo empresarial. Defiendo a todos los peruanos y las tierras de la amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación; las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, no de un pequeño grupo que viva allí”[iii]. Agregó que la movilización amazónica "está obedeciendo a su ideología y a su visión oligárquica y retardataria"[iv].

Asimismo, el primer ministro Yehude Simon sostuvo que las fuerzas del estado impondrían el orden en las zonas donde los amazónicos se habían declarado en insurgencia a mediados de mayo.

Simon advirtió: “Se acabó. Se ha tenido bastante paciencia. Ellos están un mes y una semana en esa actitud y han visto débil seguramente a la democracia, han visto que el no caer en la provocación es una debilidad del estado y, lamentablemente, a pedido de la población, mi respeto a la democracia y a la Constitución del Estado, se va a tener que actuar”[v].

Al haberse levantado la insurgencia y con el pasar de los días, Simon adoptó un tono más conciliador, instando a los representantes de Aidesep que nombren a sus portavoces para la mesa multisectorial de diálogo[vi] instalada el 20 de mayo con la finalidad de discutir cómo se podría desarrollar la Amazonía en el cercano, mediano y largo plazo.

No obstante, el premier consideró “difícil” derogar los decretos legislativos porque hay sectores que se beneficiarían con ello[vii]. A lo sumo, Simon indicó que se podrían realizar modificatorias para amainar los temores de las comunidades amazónicas.

Al respecto, Pizango dice: “Con la PCM tenemos avances importantes porque finalmente ha salido el Decreto Supremo 031 donde nos están dando un plazo de 15 días para poder integrar los representantes para constituir la comisión multisectorial que trabajará los temas de educación, salud, agricultura… pero que no nos confundan con la mesa de diálogo que están planteando, ése no es el argumento para que la movilización se levante”[viii].

Juan Ossio, antropólogo y uno de los miembros del comité consultivo del presidente García, considera que: “Es muy importante dar una legislación apropiada que ponga orden a la actividad productiva de la selva. Por consiguiente, el afán [del gobierno] no puede ser desmedido cuando por un lado existe una informalidad creciente vinculada al narcotráfico, a la tala ilegal de la madera y la actividad minera informal”[ix]. Básicamente, aboga por el orden. No más ley de la jungla.

De acuerdo al análisis que hace Ossio al respecto del impasse: “La razón del conflicto se explica por las actitudes maximalistas de Aidesep que siendo una simple ONG se ha erigido como la principal entidad representativa de todos los pueblos nativos que viven en nuestra Amazonía y, por otro, un gobierno que aspira a gobernar para todos los peruanos procurando su crecimiento económico especialmente en estas circunstancias de crisis global pero que carece de la comprensión suficiente de la naturaleza pluricultural del país”[x].

A ello, Pizango señala que “Aidesep para el mundo indígena no es considerada una ONG; nosotros consideramos que es una asociación de intereses con institucionalidad del movimiento indígena a nivel de la Amazonía”[xi].

Cabe recordar que Pizango es el “apu” (jefe) elegido por los líderes de 1200 comunidades nativas en la Amazonía que conforman una población de 350 mil personas.

Foto por Thomas Quirynen