En el prólogo de su nueva antología, Pais de Muertos el reconocido periodista regiomontana Diego Enrique Osorno, escribe: “No es lo mismo contar el número de muuertos que contar las historias de nuestros muertos.” Osorno se ha unido al creciente número de periodistas mexicanos que critican el ejecutómetro, que se refiere a la cuenta de los muertos por la guerra contra las drogas que llevan el gobierno y los periódicos. Gracias a la obsesión del público con el ejecutómetro, los ciudadanos asesinados en México son metafóricamente amontonados en las fosas comunes de la guerra contra las drogas. Con un promedio de una persona muerta cada hora en la guerra contra las drogas (y ocho por día en Ciudad Juárez), los periódicos ni siquiera se molestan en informar los nombres de los muertos, ni hablan de las circunstancias de su vida y la muerte. Simplemente, informan de la espantosa manera en la que fueron encontrados los cuerpos: si el cuerpo fue encontrado entero o en trozos, vestido o desnudo, cuales partes del cuerpo habían desaparecido, la forma en que fueron torturados antes de ser asesinados, cuál de todas las lesiones fue la golpe fatal…
La tasa de homicidios que se eleva de forma escandalosa en México, significa que los cuerpos son arrojados a la metafórica fosa común con una frecuencia cada vez mayor. A los periodistas les resulta cada vez más difícil mantenerse al día con el número de muertos, y mucho menos llevar a cabo una investigación seria de asesinatos individuales. Por otra parte, Marcela Turati, periodista del semanario Proceso sostiene en su nuevo libro Fuego Cruzado, “Cuando la violencia compite entre sí misma y se habitúa a romper su propio récord, deja de ser noticia.”
El creciente de montón de cuerpos también significa que el gobierno, conocido por su bajo índice de condenas, siente cada vez menos la presión para investigar los asesinatos individuales. En su lugar, emite comunicados de prensa y declaraciones argumentando que los muertos eran miembros de la delincuencia organizada, como si eso significaba que sus crímenes fueron justificados y no merecen una investigación. “Si el muerto era un muchacho, seguro era pandillero; si era policía o soldado, seguro era un infiltrado; si era ciudadano o ciudadana de calle qué hacía caminando por el lugar de los hechos,” explica Roberto Zamarripa, periodista del diario nacional Reforma. “Estudiantes de excelencia exhibidos como sicarios; vendedores de tortillas convertidos en pistoleros; albañiles tratados como peligrosos malandrines.”
La falta de investigación del gobierno de los casos, junto con aquellos casos probados en que el gobierno deliberadamente señala a víctimas inocentes civiles como traficantes de drogas, ha conducido a periodistas como Turati a cuestionar la estadística sostenida por el Presidente de que el 90% de todos los muertos en guerra contra las drogas eran narcotraficantes y cómplices de los carteles y por eso merecían morir. Independientemente de la afirmación del gobierno es un hecho de que en 2010, el gobierno tan sólo abrió las investigaciones para el 5% de los asesinatos del país. El otro 95% nunca fueron investigadas.
La tragedia de la Familia Reyes Salazar
El ejecutrómetro se sitúa actualmente en más de 35.000 muertes por la guerra contra las drogas desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo hace poco más de cuatro años. Esa estadística es una representación precisa de las reales consecuencias de la guerra contra las drogas para los ciudadanos de México y se puso de relieve este mismo fin de semana cuando Turati y Osorno presentaron sus libros. El viernes, 25 de febrero, los cuerpos de Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías Reyes Salazar, y su esposa Luisa Ornelas Soto fueron hallados a la orilla de una carretera en Guadalupe, Chihuahua, a las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades dicen que habían narcomensajes pegados en los cadáveres, los cuales decían que los tres fueron asesinados por su participación en el crimen organizado.
Los tres cuerpos arrojados al arroyo habrían hecho tres muescas más en el ejecutrómetro de México, sin ninguna fanfarria (y desde luego sin ningún tipo de investigación), si no fuera por el trabajo de Josefina – hermana de Elías y Magdalena– que inició hace tres años, cuando comenzó la campaña contra la militarización de Ciudad Juárez. Este triple asesinato ni siquiera habría hecho mella alguna en el ejecutómetro si las hermanas de Josefina, Claudia y Marisela, no hubiesen seguido en su lucha por justicia después de que Josefina fue asesinada en enero de 2010. Los tres cadáveres fueron encontrados cubiertos con tierra y cal, lo que ha hecho pensar a las autoridades que ya habían sido enterrados antes de que haber sido aventados a un lado de la carretera. Se cree que los asesinos desenterraron y arrojadon los cuerpos debido a la presión creada por las protestas de Marisela y Claudia. Si los asesinos no hubieran hecho esto, Magdalena, Elías y Luisa tan solo se habrían considerado “desaparecidos”, no asesinados. Los desaparecidos no se incluyen en el ejecutómetro. A diferencia de los asesinatos, el gobierno ni siquiera trata de contabilizar las desapariciones en la guerra contra las drogas. Los cuerpos que se disuelven en ácido, que se avientan en el mar, que son enterrados en el cemento, o tirados en fosas comunes clandestinas desaparecen sin siquiera registrarse en el ejecutómetro, y mucho menos en la prensa o en la Procuraduría.
En total, la matriarca de la familia Reyes Salazar, Sara, ha perdido a seis miembros de la su familia. En ejecutómetro aparecen cuatro de sus hijos, un nieto y una nuera.
Para esta familia, esta trágica situación se inició en 2008, cuando los militares ocuparon su estado como parte del Operativo Conjunto Chihuahua. Josefina, una destacada activista que protestaba contra los feminicidios así como el tiradero de residuos radiactivos Sierra Blanca, se opuso a la militarización de su región. Cuando los militares detuvieron a trece de sus vecinos hacia mediados de 2008 y los arraigaron sin cargos, Josefina se unió a una comisión que se reunió con la Senadora Rosario Ibarra para abogar por su liberación. El 14 de agosto de 2008, Josefina habló en una conferencia titulada “Foro contra la militarización y la represión.” Ella participó como “una activista política agredida por el ejército”, y durante el foro encabezó una marcha contra la presencia de los soldados. Apenas unos días después, el 21 de agosto, los militares desaparecieron a su hijo Miguel Angel.
Josefina se declararó en huelga de hambre para exigir que su hijo fuese acusado o liberado. El gobierno liberó a Miguel Ángel poco después de Josefina comenzó su protesta.
La victoria de Josefina fue de corta duración. En noviembre, apenas tres meses después de la terrible experiencia de Miguel Angel, el otro hijo de Josefina, Julio César, fue asesinado en una boda. Adrián Fuentes Luján, portavoz de la familia Reyes Salazar, le dijo a Upside Down World que un escuadrón de paramilitares entró a la boda, luego les ordenó que cada uno se acostara en el suelo, y lo buscaron entre la multitud. “Uno de los hombres pateó a Julio para que le pudiera ver su rostro. Él le preguntó a otro hombre si él era a quien estaban buscando y me contestó que sí. Luego apuntó con su arma directamente al corazón y disparó un solo tiro,” dice Luján. “La familia cree que la muerte de Julio César fue en represalia por el activismo de Josefina contra los abusos de la militarización en la zona del Valle de Juárez.”
El 4 de septiembre de 2009, el ejército detuvo a Miguel Ángel una vez más. Dos meses después de su detención, la Procuraduría General emitió una orden de aprehensión, acusando a Miguel Angel de trabajar para el cártel de Juárez. La orden de detención regularizaba la detención de Miguel Angel y le permitió al gobierno encarcelarlo hasta su juicio. Un año y medio más tarde, Miguel Ángel se encuentra todavía en prisión, en espera de juicio.
A lo largo de su lucha contra los militares -que se estaba convirtiendo más y más en algo personal con cada ataque posterior a su familia- Josefina recibió amenazas de muerte. En 2009, fue detenida por liderar protestas contra los militares. Ese año, dejó su ciudad natal de Guadalupe durante un corto período, porque temía por su seguridad. Sin embargo, volvió a abrir su negocio, un puesto de barbacoa.
Fue delante de su puesto de barbacoa que unos desconocidos la ejecutaron el 3 de enero de 2010. Testigos informan que mientras luchaba con sus asesinos, uno de ellos le dijo: “Te crees muy chingona porque estas con las organizaciones”, Refiriéndose a su trabajo con las organizaciones de derechos humanos. La familia de Josefina afirma que las personas que la asesinaron eran “un comando paramilitar”.
El brutal ataque contra la familia Reyes Salazar no terminó con la ejecución de su miembro más distinguido. El 18 de agosto de 2010, unos desconocidos ejecutaron el hermano de Josefina, Rubén Salazar Reyes, mientras se dirigía a la tienda a comprar leche para los trabajadores de la panadería de su familia. Además de ser un destacado miembro del Partido de la Revolución Democrática, Rubén había tomado la causa de Josefina, exigiendo justicia por el asesinato de su hermana y su sobrino. Su ejecución habría ocurrido tras meses de amenazas de muerte.
Incluso después de haber perdido a tres miembros de la familia por asesinatos y un cuarto enviado a prisión indefinida, los Salazar Reyes se negaron a guardar silencio. Dos días después del asesinato de Rubén, su madre Sara y su hermana Marisela encabezaron una caminata contra la militarización y en demanda de justicia para Rubén y otros tres activistas de Juárez que fueron asesinados el día anterior a Rubén.
Sara y sus hijos restantes se negaron a renunciar a la lucha que Josefina comenzó y continuó Rubén. Su lucha fue recibida con amenazas de muerte por parte de sus enemigos y el silencio ensordecedor de la prensa, que estaba demasiado ocupada cubriendo cadáveres sin cabeza colgados de puentes y minas abandonadas rellenas de cuerpos, historias que atrajeron a más lectores que la lucha de una familia humilde en contra de la militarización, la impunidad, y la aniquilación.
La difícil situación de los Salazar Reyes fue noticia una vez más, el 7 de febrero de 2011, cuando hombres armados secuestraron a Magdalena y Elías Reyes Salazar y Luisa Soto Ornelas. Sara, de 76 años, quien fue testigo del secuestro junto con su nieta de 12 años de edad, estableció un plantón en las afueras de una sucursal de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte en Ciudad Juárez. Sara y sus hijas Claudia y Marisela tenían la esperanza de que una huelga de hambre presionara al gobierno para que presentara las tres personas desaparecidas o investigara el secuestro.
El gobierno de Chihuahua, sin embargo, reaccionó a su huelga de hambre con desprecio cruel. Incluso después de que asaltantes no identificados incendiaron la casa de Sara y la casa de su compañera contra el femicidio, la activista Malú García, ya que estaban en huelga de hambre fuera de su oficina, el asistente del Fiscal General Jorge González Nicolás se negó a reunirse con las mujeres. Gustavo de la Rosa Hickerson, miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, ha pedido una investigación sobre los incendios provocados, ya que los asaltantes lograron quemar la humilde casa de Sara, hecha de tabique y lamina, a tan sólo cien metros de distancia del cuartel de los militares de Guadalupe.
Después de casi dos semanas de huelga de hambre frente a la oficina de González Nicolás, el Asistente del Fiscal General se negó a recibir a los Salazar Reyes, al igual que el gobernador César Duarte. Marisela, Claudia y Sara decidieron aumentar la presión, por lo que trasladaron su plantón a la ciudad de México fuera del edificio del Senado. Coincidió que mientras estaban acampadas frente al Senado, el gobernador Duarte llegó para entregar un informe a los senadores sobre sus éxitos como gobernador. Todavía se negó a reunirse con los Salazar Reyes, hasta que senadores de la oposición “lo cazaron” y obligaron a una reunión, que Duarte limitó a diez minutos.
Si bien la huelga de hambre de los Reyes Salazar no logró regresar a sus seres queridos con vida a su casa, al menos les permitió a Magdalena, Elías y Luisa tener un entierro decente. La familia veló a Magdalena y Elías en su plantón frente a la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte en Ciudad Juárez. Saúl, el hermano de Magdalena y Elías, explicó que los velaron ahi, no tanto como una forma de protesta, sino por una necesidad: ” Los velamos en la Fiscalía porque no tenemos ni casa, fueron vandalizadas, la de mi mamá, incendiada”. El 26 de febrero en medio de gritos de ¡Viva la familia Reyes Salazar! Muerte al estado criminal! despidió Chihuahua a tres activistas de derechos humanos, “daños colaterales” en la guerra contra las drogas.
La familia Reyes Salazar, “o lo que queda de nosotros”, como Saúl dijo durante el funeral de sus hermanos, está considerando las ofertas de asilo de varios países, incluyendo Venezuela, España, Francia, Canadá y los Estados Unidos. En cuanto a la oferta de Estados Unidos, Marisela dice: “Yo no aceptaría para irme a vivir ahí puesto a que los Estados Unidos tiene gran parte en todo esto que nos esta pasando.” Independientemente de si la familia decide huir del país , Marisela explica por qué no cesará su lucha por la justicia: ” Tengo miedo por mi familia, pero tengo más miedo de seguir viendo tanta sangre inocente correr por las calles de mi ciudad. Porque si no gritamos nos van a matar igual, y si nos matan, que al menos sea por algo, que el mundo escuche lo que realmente está pasando en México”.
Culpar a las víctimas
En Ciudad Juárez han muerto más personas en la guerra contra las drogas en 2010 que en la guerra en Afganistán durante el mismo período, así que al gobierno no le ha resultado muy difícil evitar la investigación de asesinatos de civiles inocentes. Casos en los que las fuerzas de seguridad son claramente culpables, como el asesinato de civiles en los rétenes militares, han causando un escándalo nacional. Sin embargo, los casos en que los agresores no son fácilmente identificables, como los asesinos de los Reyes Salazar, no logran atraer la atención de los medios de comunicación porque son automáticamente considerados como víctimas de la violencia entre los carteles.
Sin embargo, la familia Reyes Salazar se niega a que sus muertos aparezcan tan solo como un número más y sin nombre en el ejecutrómetro. Han hecho que sea difícil, si no imposible, que el gobierno deje de realizar al menos una investigación superficial de los asesinatos. Así que el gobierno está cayendo en un viejo patrón: culpar a las víctimas. Hasta cierto punto, la estrategia funcionó en el asesinato de Josefina. Debido a que el gobierno acusó (pero nunca lo condenó) al hijo de Josefina, Miguel Ángel, de haber trabajado para el cártel de Juárez, incluso de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, cree que la causa más probable del asesinato de Josefina sea el cártel de Sinaloa.
“Antes aplicaban sus sanciones sólo a las personas involucradas en el negocio del narcotráfico,” explicó de la Rosa Hickerson despues del asesinato de Josefina. “Pero de julio a la fecha hemos advertido que han extendido su guerra a la destrucción de las familias de aquellos que tuvieron un negocio lícito o ilícito con el cártel de enfrente. En el caso de Josefina, un hijo (Miguel Ángel) se empleó como mecánico de La Línea [del cártel de Juárez]”.
La aparición de narcomensajes en los cuerpos de Elías, Magdalena y Luisa le ha dado el gobierno del estado de Chihuahua la oportunidad para limpiar sus manos por completo de la investigación de los asesinatos. El Subprocurador González Nicolás dice que sus líneas de investigación indican al cártel de Sinaloa como los culpables más probables del triple homicidio. Por lo tanto, argumenta, el caso cae dentro de la jurisdicción federal, no de su estado. “Nos queda claro que participa el crimen organizado [en los asesinatos]”, argumentó. “No nos queda duda por los datos y constancias que tenemos.” Mientras tanto, le dijo a la prensa que su oficina está investigando a la familia Reyes Salazar para ver si tienen antecedentes penales.
La familia Reyes Salazar se burló de la sugerencia de que las tres víctimas trabajaban en la delincuencia organizada. Elías y Luisa “tenían incapacidad, necesitaban ayuda para caminar, como es posible que crean eso, si toda su vida trabajaron humildemente en la panadería que tenían.” La familia ha insinuado que los narcomensajes, que afirmaban que Magdalena, Elías y Luisa fueron asesinados debido a que colaboraron con un cartel de la droga, se sembró después de que los cuerpos fueron arrojados al arrollo. Dicen que los testigos que descubrieron los cuerpos junto a la carretera nunca vieron el narcomensaje. “No permitiremos que, como cotidianamente sucede, se busque manchar el nombre de esta familia de activistas y luchadores sociales, al enmarcar este lamentable hecho con una supuesta relación con el crimen organizado,” dijo la familia en un comunicado.
Si bien todavía no está claro quién mató a los seis Reyes Salazar, la familia y las organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que el gobierno es responsable. Los Reyes Salazar exigen la renuncia de González Nicolás, “quien es el responsable directo de este crimen de lesa humanidad, debido a que no puede con el cargo y por no haber garantizado la vida y la seguridad de la familia y de la población de Ciudad Juárez.”
La obvia indiferencia del gobierno ante la difícil situación de la familia Reyes Salazar se destacó por la velocidad en la que el gobierno dice haber resuelto el asesinato del agente de ICE Jaime Zapata. Las prioridades del gobierno fueron obvias para Marisela, quien dijo: ” No es posible que en unos dias atraparon a los asesinos del Agente Zapata porque el es de los Estados Unidos. Que esclarezca el asesinato de mis hermanos. Que agarre a los culpables y que se juzguen.”
Human Rights Watch, por su parte, arremetió contra el gobierno por no proteger a los defensores de los derechos humanos de Chihuahua. Tomó nota de que Sara Salazar y Malú García, cuyas casas fueron incendiadas mientras se encontraban en huelga de hambre, y de que se les concedió medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008. Human Rights Watch sostiene que las autoridades federales y estatales no cumplieron con su obligación de proteger García y Salazar y sus familias. Si el gobierno hubiera cumplido, tal vez los niños de Salazar, su nieto y su nuera todavía estarían vivos – los cuales fueron asesinados mientras se encontraban bajo las medidas de protección de la CIDH.
“Aunque no es posible afirmar que las autoridades están en complicidad activa con el crimen organizado,” dijo García, “sí puede decirse que lo están por omisión, ya que hasta el momento no han avanzado en las investigaciones sobre diversos ataques contra defensores de derechos humanos, a quienes incluso responsabilizan de las agresiones.”
El portavoz de la familia Reyes Salazar, Adrián Fuentes Luján, está de acuerdo con García. “La fiscalía está limitada e incapacitada para combatir al poderoso grupo criminal que acosa a la familia Reyes Salazar”, argumenta. “El Estado es el único responsable de la masacre que contra ellos se comete.”