(IPS) – Activistas de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) de Uruguay esperan que la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada este miércoles 10, constituya la plataforma para un cambio de visión global de la sociedad.
El parlamento uruguayo sancionó por amplia mayoría la ley que modifica el Código Civil para reconocer “la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos”, convirtiéndose así en el segundo país de América Latina, luego de Argentina, en permitir casamientos entre homosexuales en todo su territorio.
La ley, votada a favor por 71 de los 92 diputados presentes (la cámara está conformada por 99), representa “la piedra fundamental de un cambio de visión sobre nuestra sociedad”, dijo a IPS la abogada Michelle Suárez, de Ovejas Negras, colectivo de la comunidad LGBT.
“En Uruguay tenemos una visión sumamente fundamentalista, homogeneizante. Partimos del hecho de que existe una suerte de moral hegemónica con la cual clasificamos prácticas y conductas”, señaló. Esta ley “lo que va a hacer es empezar a cambiar esa perspectiva”, aseguró.
“La sociedad uruguaya es totalmente heterogénea y debe ser reconocida como tal. Por tanto, no existen utopías únicas a imponer, sino, a lo sumo, un archipiélago de utopías, todas las cuales merecen espacio de desarrollo y deberían articularse bajo el principio de libertad”, sostuvo la abogada, responsable de la redacción del borrador de texto original de la ley.
Con la norma presentada por el izquierdista Frente Amplio, el partido de gobierno, los matrimonios homosexuales también quedan habilitados a adoptar hijos o a concebirlos por medio de técnicas de fertilización in vitro. Solo se les exige a los cónyuges firmar un contrato de “progenitura jurídica”, en el que asumen derechos y obligaciones como padres.
El orden de los apellidos del niño o niña será decidido por los miembros de la pareja, o eventualmente por sorteo.
También se cambian los requisitos de edad para contraer matrimonio. Antes las mujeres debían tener al menos 12 años y los hombres 14. La nueva ley establece que no pueden ser menores de 16 años y, de todos modos, hasta los 18 se exige el consentimiento de los padres.
Para convertirse en el país número 12 en el mundo y el segundo en América Latina en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Uruguay había ya dado antes varios pasos significativos.
En 2007 se aprobó la Ley de Unión Concubinaria, que reconoce los efectos jurídicos de la vida en común de hecho de dos personas, sin importar su sexo e identidad.
Sin embargo, el reconocimiento del concubinato implica un proceso engorroso y costoso, que exige a la pareja demostrar por lo menos cinco años de vida en común ininterrumpidos, en una relación exclusiva, de índole afectiva y sexual.
En 2009 se aprobó una ley autorizando la adopción de niños y niñas por parte de uniones concubinarias, incluyendo homosexuales. Ese mismo año se habilitó a transexuales a cambiar su nombre en registros y documentos públicos.
Sin embargo, representantes de la comunidad LGBT subrayan que todavía queda mucho por hacer. “Uno de los puntos a los que se debe apuntar es a una modificación profunda de la normativa que tiene que ver con discriminación”, señaló Suárez.
La abogada de Ovejas Negras insistió en la necesidad de mejorar las regulaciones para atender a las víctimas de la discriminación por su género u orientación sexual.
La semana pasada, el Senado ya le había dado media sanción al texto (con modificaciones menores) por 23 votos afirmativos y ocho en contra. Se opusieron fundamentalmente legisladores del conservador Partido Nacional.
La Iglesia Católica fue una de las voces que con más vehemencia criticó el proyecto. Las encuestas varían, pero en general reflejan una opinión dividida en forma pareja de los uruguayos respecto del matrimonio gay.
El senador Carlos Baráibar, la única voz contraria del Frente Amplio, manifestó su posición cuando el proyecto fue debatido en esa cámara. Sin embargo, para no violar la lealtad partidaria, dejó el lugar a su suplente al momento de la votación.
“No estoy de acuerdo en llamarle ‘matrimonio igualitario’”, explicó a IPS, “cosa que ni el propio proyecto fundamenta por qué le llama así”.
Baráibar dijo estar a favor de reconocer los derechos jurídicos de las parejas homosexuales, pero señaló que estas no se encuentran en una situación de igualdad respecto de las heterosexuales.
“La igualdad significa tratar de igual forma a cosas que son iguales. Para mí, el matrimonio sigue teniendo una finalidad reproductiva esencial, que viene de la historia, de la biología, de la cultura y de la sociedad”, indicó.
Baráibar también sostuvo que la adopción por parte de parejas homosexuales se merece una discusión más amplia y detenida, y citó estudios argumentando que los niños y las niñas que son criados por sus padres biológicos tienen mejores perspectivas de desarrollo psicosocial que los criados por parejas homosexuales.
“El bien a preservar en la adopción no es el de los mayores, que tienen uso de razón. El bien a preservar es el del niño, que a veces es un bebé de pocos meses sin capacidad de discernimiento y que, cuando crece, descubre a su alrededor un mundo que está compuesto por parejas fundamentalmente heterosexuales, mientras que él proviene de una familia homosexual”, dijo a IPS.
El matrimonio gay está vigente ahora en Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Holanda, Islandia, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Uruguay.
Es además reconocido en algunos estados de Estados Unidos, en la capital de México, en el sudoriental estado mexicano de Quintana Roo y en algunos estados de Brasil. Un proyecto similar fue votado también este miércoles 10 por el Senado de Francia y discuten actualmente otros en igual sentido en Colombia y Nueva Zelanda.