(IPS) – En su lucha por encontrarlas y en trámites judiciales con ese fin, las madres de las mujeres desaparecidas en México empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.
Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.
Al pago de abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP, fiscalía).
En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.
Toda esa erogación suma en promedio al menos 23.000 dólares por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de derechos humanos.
El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) del norteño estado de Chihuahua.
“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.
El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, fueron asesinadas en México 1.235 mujeres por razones de género.
Entre 2005 y 2011, en el estado de México –entidad colindante con la capital y emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.
En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. En ese estado se encuentra Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, considerada la capital mundial de los crímenes por razón de género.
La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17.700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.
“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca.
Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.
Barril sin fondo
Villanueva detalla que contratar a una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 6.000 y 7.800 dólares.
Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el estado de México en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 540 dólares, por lo que la suma ascendió a 3.780 dólares.
María Antonia Márquez, su madre, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 23.000 dólares. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a las localidades de Cuautitlán, Toluca o Tlanepantla, gastando por día más de 15 dólares en pasajes y alimentos.
Además tuvo que pagar 410 dólares por las copias del expediente de su hija, de 3.600 fojas. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15.000 pesos (1.150 dólares) y al segundo de 8.000 (610 dólares). Ambos abandonaron el caso”, detalla.
Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en otro municipio de ese estado, que pidió se resguardara su identidad, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 15.300 dólares.
Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar 80 dólares diarios en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.
“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.
Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al Distrito Federal, asiento de la capital, para buscar a la adolescente.
La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija, y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias mexicana de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.