Las autoridades mexicanas no protegen a las mujeres de la violencia y la discriminación crecientes ni garantizan que los responsables responden ante la justicia, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha entregado a un órgano de la ONU que examinará la situación de los derechos de la mujer en México.
El 17 de julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de la ONU, evaluará el cumplimiento por México de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El órgano de la ONU hará públicas sus conclusiones y recomendaciones cuando finalice su periodo de sesiones, el 27 de julio.
“La situación de los derechos de la mujer en México es alarmante —ha declarado Rupert Knox, investigador de México en Amnistía Internacional—. En los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia.”
“En los últimos años, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de la discriminación y la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones”, añadió Rupert Knox.
La información de Amnistía Internacional detalla algunas de las áreas en las que el Estado mexicano no hace justicia a los derechos de las mujeres, como la discriminación de género, las amenazas y ataques contra mujeres activistas, la violencia que sufren las mujeres migrantes, la no aplicación total de sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero y sobre el secuestro y homicidio de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez en el Campo Algodonero, así como los obstáculos que dificultan el acceso efectivo de la mujer a la salud sexual y reproductiva.
Según un informe publicado por UNIFEM y varias organizaciones locales de derechos humanos, entre 1985 y 2009 fueron asesinadas en México al menos 34.000 mujeres; 2.418 solamente en 2010.
En el estado de Chihuahua, donde hubo un gran aumento de los asesinatos, en 2010 una de cada 11 víctimas era mujer, cuando en 2008 era una de cada 14. En Ciudad Juárez fueron asesinadas 320 mujeres en 2010. El número de homicidios disminuyó ligeramente en 2011. En el primer semestre de 2012 hubo más de 130 homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Sólo en 2009, el Ministerio Público recibió 14.829 denuncias de violación de todo el país, una cifra alarmante teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres no denuncian estos delitos. Sólo se lograron 2.795 condenas en los tribunales.
La mayoría de los casos no se investiga efectivamente y las medidas que se adoptan para proteger a las sobrevivientes son insuficientes.
El caso de San Salvador Atenco es emblemático. Más de 26 mujeres sufrieron agresiones sexuales a manos de la policía tras ser detenidas en manifestaciones en 2006. La denegación del acceso a la justicia tanto por parte de las autoridades del estado como por las federales, a pesar de las investigaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho que nueve mujeres elevaran sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La información presentada por Amnistía Internacional también detalla el aumento de las amenazas y de las agresiones contra mujeres activistas de derechos humanos que trabajaban para que se haga justicia a sus familiares asesinados.
“Las autoridades mexicanas, encabezadas tanto por el gobierno en funciones como por el nuevo gobierno que tomará posesión de su cargo en diciembre, deben actuar para cumplir su compromiso de proteger los derechos de la mujer y poner fin a los abusos y a la impunidad”, concluyó Rupert Knox.