Fuente: www.lasojamata.org
La criminalización de los movimientos sociales en el Paraguay se agrava con la reciente orden de detención del dirigente social y político, Tomas Zayas, un concejal municipal y 3 campesinos, imputados por “intento de homicidio y asociación criminal”. Estas denuncias se deben al conflicto que se desarrolla desde hace 3 años por las intensas fumigaciones con agrotóxicos que sufre la comunidad Leopoldo Perrier, de San Cristóbal en Alto Paraná, Paraguay. Tomas Zayas es dirigente de ASAGRAPA [1], CNOCIP [2] y además, candidato a senador por el Partido de los Trabajadores, en las elecciones del 20 de abril próximo.
ASAGRAPA es una organización campesina que trabaja en una de las principales zonas de producción de soja transgénica del Paraguay. Las comunidades campesinas de estas zonas viven rodeadas de inmensos sojales y están altamente expuestas a las fumigaciones intensivas con los agrotóxicos que se aplican en los monocultivos de gran escala. ASAGRAPA es una de las principales organizaciones de la región que acompaña la lucha por la tierra, la reivindicación de la reforma agraria integral y los derechos de las comunidades campesinas. En ese contexto lanzó una campaña “Paren de fumigar, en defensa de las comunidades y la vida” iniciada en diciembre de 2007.
En la comunidad campesina Leopoldo Perrier, la contaminación de la población con agrotóxicos llegó a un punto crítico cuando en agosto de 2007 murió el niño Jesús Jiménez, de 3 años, después de intensas fumigaciones. La población y los padres del niño denunciaron la falta de diagnóstico en el momento de su muerte (La Nación, 18 oct. 2007, p.40). Como la intoxicación con agrotóxicos fue negada por los productores de soja, las organizaciones lograron impulsar una orden judicial para la exhumación del cadáver para su necropsia y la realización de un diagnóstico socio ambiental de la comunidad por parte de tres instituciones estatales. La necropsia demostró que había altos niveles de agrotóxicos en el cuerpo.
En febrero de este año, en pleno ciclo de cultivo y fumigación, la población afectada resistió las fumigaciones, movilizándose en forma pacífica. A causa de esta movilización la Fiscalía imputó recientemente a cuatro personas, tres de ellas parientes del niño, socios de ASAGRAPA y a su dirigente, Tomás Zayas. La Fiscalía alegó que los mismos conformaron una asociación criminal y realizaron un intento de homicidio por supuesto disparo de arma de fuego al aire. Los pobladores indicaron que ni Zayas estuvo presente en la movilización, ni hubo disparos de arma de fuego.
Lo sucedido al niño Jesús Jiménez no es un hecho aislado; en reiteradas ocasiones se ha denunciado cómo las fumigaciones causan graves problemas en las comunidades. Informes de prensa local indican que en la comunidad Leopoldo Perrier, los productores de soja “no respetan las franjas de cultivo establecidas por ley, con relación a los asentamientos humanos, instituciones educativas y cursos de agua” (ABC Color, 1º nov. 2007, p.19). Otros informes de prensa dan cuenta que “las clases se suelen suspender los días de fumigación del plantío a veinte metros porque los niños se desmayan del olor. También se están dando abortos espontáneos ( ), mueren peces, cerdos y otros animales.” (La Nación, op.cit.).
Las denuncias de los impactos en la población generados por los monocultivos de soja han llegado a nivel internacional. El Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas señalo entre sus observaciones que “la expansión del cultivo de soja ha traído aparejado el uso indiscriminado de agro-tóxicos, provocando muertes y enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas y afectación a los recursos tradicionales alimenticios de las comunidades” (Observaciones finales del CDESC, Consejo Económico y Social, E/C.12/PRY/CO/322_10-2007, p.3). Una investigación realizada el mismo año en los 4 Departamentos de mayor producción sojera, revelaron que en las comunidades estudiadas el 78% de las familias presentaban algún problema de salud ocasionado por las frecuentes fumigaciones en sojales, el 63% debido a la contaminación del agua (Palau et. al. 2007). En la comunidad Leopoldo Perrier, luego de las denuncias realizadas, los pobladores vienen recibiendo constantes amenazas e incluso el intendente municipal intimidó verbalmente a la población a causa de su organización. Sin embargo, lo sucedido en esta comunidad se enmarca en un proceso de mayor envergadura. La presión que las organizaciones campesinas sufren a causa de la persecución del Estado, se refleja en el Informe de observación internacional en Paraguay, que indica cómo el Ejecutivo ha concentrado el poder “que con las fuerzas públicas en sus manos, la Fiscalía de aliada, y la Corte Suprema como garante de impunidad, ha impulsado una campaña de represiones masivas al sector campesino, de manera de facilitar y garantizar la ampliación de la frontera de la soja transgénica” (Misión internacional de observación al Paraguay, Informe 2006, p. 6; SERPAJ Paraguay). Esta estrategia, que ya cuenta con más de dos mil dirigentes campesinos imputados, se basa en cuatro causas para la persecución [3]:
“1- Vincularlos con la delincuencia común
2- La criminalización de sus protestas, judicializando los conflictos y abriéndoles causas a los manifestantes
3- Vincular a la dirigencia campesina a las causas de secuestro
4- Vincular a la dirigencia campesina a una supuesta actividad guerrillera incipiente relacionada principalmente con guerrillas de larga data como las colombianas.” (Ibíd., p.35).
En este contexto, caben mencionar los hechos ocurridos en el último mes, el apresamiento de tres candidatos de la Alianza Patriótica Socialista por haber visitado una ocupación campesina, el asesinato en circunstancias no aclaradas de un dirigente político del Movimiento Popular Tekojoja, la publicación en varios medios sobre dos supuestos focos guerrilleros que estarían en alianza con organizaciones campesinas, que casualmente también proponen candidaturas para las elecciones del presente año.
El gobierno y los grupos de poder vienen utilizando a la fiscalía y todas las herramientas a su disposición, atentando contra los derechos políticos y de organización de las personas. Cuanto más se acercan las elecciones nacionales, más hechos de violencia y criminalización se generan contra los sectores críticos y de oposición.
Claudia Russer, de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas (APS) manifestó en una entrevista del año 2007 que “dirigentes como Tomás Zayas propician enfrentamientos contra gente que trabaja. Supuestamente están en contra del uso de los agroquímicos, pero al parecer lo que quieren es iniciar una guerra civil (sic)” (ABC Color, 31 oct, 2007, p.14)
La respuesta de Zayas en los medios, fue directa, “La guerra que ella (Claudia Russer) menciona, ellos mismos comenzaron ya hace rato, pero es una guerra química contra nuestro pueblo y el pueblo tiene el derecho de defenderse.” (ABC Color, 1 nov, 2007, p.19).
Citas:
[1] Asociación de Agricultores de Alto Paraná
[2] Central nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares.
[3] Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones. (Rulli,J. 2007)