Guatemala es el único país petrolífero de Centroamerica. El oro negro está en el cuarto sitio en las exportaciones del país y, según un estudio de Sarah Aid y Adrián Boutereiva, Guatemala se encuentra en un antiguo cinturón geológico donde está presente el 75% de las reservas mundiales. Oilwatch Mesoamerica nota una contradicción entre los datos sobre la extracción petrolífera difundidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la presencia cada vez más fuerte de las compañías, que teme podría esconder la existencia de un mercado negro de compraventa del petróleo. De todos modos, es innegable que las cuatro empresas establecidas en el país – Perenco Guatemala Limited, Compañía General de Combustibles, Petro Latina Guatemala Corp. y Petro Energy S.A. – gocen de condiciones favorables: regalías del 1% y estudios de impacto ambiental que preveen requisitos muy débiles.
En Guatemala hay cinco regiones de exploración, ubicadas en Izabal, Alta Verapaz y Petén, dónde se encuentra el campo Xan. Este yacimiento, de donde se extrae más que el 95% del producto nacional anual, pertenece a Perenco a partir de la adquisición de Basic Resources (2001). La entrada de la compañía francesa en el mercado petrolífero guatemalteco ha llevado a una reducción de los programas de protección ambiental, securidad industrial y asistencia social, además del despido del 50% del personal que trabajaba por Basic Resources.
Muchas son las sospechas de favoritismo del gobierno guatemalteco hacia Perenco, empresa que obra en posición casi monopolíca (posee el 98% de las concesiones en el país) y que por lo consiguiente, vista la importancia del sector en la economía nacional, tiene un indiscutible peso político.
El servilismo del ejecutivo guatemalteco hacia Perenco es evidente si se analiza la Ley Fonpetrol de 2008, aprobada poco antes del vencimiento de algunos grandes contratos de la compañía francesa. La ley ha sido promovida como capaz de favorecer los intereses de las comunidades, por establecer que una parte de los fondos procedentes de las regalías sean distribuidos a los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo), que deberían utilizarlos para construir obras públicas. Según la denuncia de R, un periodista independiente petenero que ha preferido quedar anónimo, en realidad muchas veces el dinero no llega a las comunidades sino acaban en los bolsillos de los alcaldes. Además Fonpetrol prevee una reforma de la procedura de licitación de los contratos petrolíferos, que indudablemente favorece a las petroleras y quién hace negocios con ellas. Se establece en efecto que a vencerse el contrato de 25 años, el MEM pueda renovarlo por otros 15, mientras la ley anteriormente en vigor disponía que, a su expiración, el contrato viniera autonomaticamente suspendido y eventualmente renegociado.
Un ejemplo de aplicación de la nueva norma, que aumenta las sospechas hacia el gobierno Colom, es la renovación del contrato de perforación del campo Xan, en julio 2010. El campo Xan se encuentra en el área núcleo del Parque Nacional Laguna del Tigre, una de las zonas del Reserva de la Biosfera Maya con mayor prioridad de conservación.
Según Colom, el nuevo contrato prevee que Perenco contribuya económicamente al funcionamiento de los seis destacamientos militares presentes en el área, destine 0.1 dólares por barril al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) por la reforestación, y 0.15 dólares por barril a las comunidades por de donde pasa el oleoducto, para que puedan sanar el medio ambiente. Por lo tanto, si de un lado se extrae petróleo en un área protegida, con el riesgo de derrame petrolero y de contaminación de 300 cuerpos de agua interconectados, del otro se ofrecen limosna a las comunidades y a los militares, que tienen poco a que ver con el cuidado del medio ambiente.
Francisco Castañeda, del Centro de Estudios Conservacionistas del Universidad de San Carlos, asegura que la ampliación del contrato “no fue un buen negocio para el país”, pues las ganancias generadas por la petrolera “podrían conseguirse a través del turismo, la pesca y otras actividades que ofrece el Parque”. El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar añade que las regalías obtenidas de la explotación de la Laguna del Tigre podrían ser de unos 500 millones de dólares en los próximos 15 años, mientras que su conservación podría generar 700 millones de dólares. En realidad, la renuncia a la extracción del petróleo presente en el campo Xan habría llevado en las cajas del Estado mucho más que 700 millones de dólares: en los meses anteriores la ampliación del contrato, un grupo de diputados alemanes propuso a Colom la creación de un fondo de compesación económica a cambio de la renuncia a la extracción del crudo en el Parque Nacional Laguna del Tigre, tomando a modelo la iniciativa ecuatoriana Yasuní-ITT.
Los ministros de Ambiente, Gobernación, Cultura y el CONAP no han dado la autorización a la ampliación contractual. El acuerdo no respeta en efecto varias leyes: la de Áreas Protegidas, la Ley de Hidrocarburos y algunos tratados internacionales como la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés). El 29 de marzo la secretaría de Asuntos ambientales del DR-Cafta recomendó investigar la ampliación del contrato petrolero en el Parque Nacional Laguna del Tigre, mientras que un mes antes el diputado Aníbal García presentó una denuncia contra el Gabinete de Gobierno por haber falsificado los documentos del resolución final del CONAP sobre la ampliación a Perenco.
Quienes más se vieron afectadas de la ampliación contractual son las comunidades del Petén. En septiembre de 2010 un grupo de delegados de las comunidades peteneras ha denunciado frente al Congreso de la República que los 37 asentamientos ubicados en la Laguna del Tigre no han sido consultados sobre la ampliación del contrato a Perenco, procedimiento previsto por el Convenio 169 de la OIT. Los delegados además han criticado el discurso donde Colom ha acusado las poblaciones que viven en la Laguna del Tigre de haber ocupado el área protegida, pretexto con que motiva el desalojo de las comunidades. En sus Manifiesto, las comunidades de Petén escriben: “Estábamos ya viviendo y asentados en la Sierra Lacandón y en la Laguna del Tigre cuando ni informados ni consultados el gobierno estableció la Ley de Areas Protegidas. Actualmente ni siquiera se nos permite plantear, participar como población, ni como comunidades, en la administración y desarrollo de esas áreas protegidas, cosa que contempla la misma ley. La única opción que se nos da es la de abandonar nuestras tierras”.
La estrategia – impulsata también por BID y USAID, que es patrocinador del proyecto – parece ser justo la de crear áreas protegidas por “sacar la gente de las comunidades, lo que quieren según yo es dejar el camino libre a Perenco para que las comunidades no molesten” afirma R. La paradoja es en efecto que los asentamientos que se encontran en las áreas protegidas son evacuados, mientras que está permitida una actividad contaminante como la extracción de los recursos naturales presentes en el subsuelo.
Las comunidades están luchando contra Perenco, pero la represión está fuerte: son numerosos los hechos de sangre en contra de quien denuncia a la compañía, perpetrados por los “sicarios de Perenco”, como los llamó en 2006 Roberto Arias en su columna de La Hora, despues del homicidio de Mayco Jonatán García.
R. me ha contado que “en las 37 comunidades de la Laguna del Tigre hay un cura que está trabajando en la organización de las comunidades, trabajando con la memoria historica. De allí salen lideres que ahora están siendo identificados por la Perenco. Están perseguidos, los quieren matar. Hace como 20 días mataron a uno. La Perenco tiene sus guardias privadas y están comprando a la gente de la misma comunidad para que identifiquen a los lideres. Y está duro el trabajo de quien hace investigación, de quien hace periodismo independiente y de forma critica como yo, está dificil”.