San Rafael Las Flores frente a la brutalidad de las transnacionales

Fuente: Desinformémonos

Guatemala. Las comunidades, de forma organizada, iniciaron en el año 2012 el proceso de Consultas Comunitarias contra la minería y en defensa de los bienes naturales. Hasta la fecha se han realizado varias consultas en comunidades del municipio de Santa Rafael Las Flores, y Santa Rosa (la Aldea El Chan, Caserío El Renacimiento, Caserío Las Delicias). Los resultados se manifestaron rotundamente en contra la de minería en su territorio. El 14 de abril, el 97.33 por ciento, en el Barrio Oriental dijo No a la minería. El 93 por ciento de adultos y el 100 por ciento de los niños de Aldea los Planes, la rechazó también.[1]

Estos resultados se suman a las más de 62 consultas comunitarias realizadas en todo el país  en rechazo a la minería, hidroeléctricas y megaproyectos, todas bajo el derecho de consulta de los pueblos indígenas, reconocido en el convenio 169 de la OIT, derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y el Código Municipal de Guatemala.

Atentado armado la resistencia pacífica de San Rafael Las Flores

San Rafael Las Flores, Santa Rosa: guardias de la seguridad de mina San Rafael, protagonizaron un atentado armado contra comunitarios de la resistencia pacífica “El Escobal”. El sábado 27 de abril los guardias de seguridad abrieron fuego en contra de los comunitarios que defienden la vida y el territorio frente a las agresiones de la mina, hiriendo gravemente en el rostro a un joven de 19 años de edad y a siete comunitarios más.

“A uno de los jóvenes casi le desprendieron la mitad del rostro por el impacto de los perdigones y fue trasladado al hospital; otro tiene perdigones en la espalda; otro en la rodilla; otro de los compañeros y su papá fueron heridos y están hospitalizados”.[2]

“Ordenó (el extranjero) a la seguridad que tiraran, que ellos están hartos ya de toda esa basura, refiriéndose a nuestra gente. Los insultaron, luego cargaron sus escopetas y comenzaron a dispararles desde adentro”.[3]

Desalojos violentos

El 12 de abril 2013, cientos de personas que forman parte de la resistencia pacífica en El Escobal, frente a las instalaciones de la mina San Rafael S.A., fueron brutalmente desalojados por las fuerzas antidisturbios de la PNC, quienes utilizaron gas lacrimógeno, balas de goma y golpes contra la población. El saldo fue de 29 comunitarios capturados de forma arbitraria, la violación del debido proceso de captura  y la violación de los derechos Constitucionales de Guatemala. Días después fueron puestos en libertad nuevamente.[4]

Rechazo de las  reformas constitucionales del gobierno de Otto Pérez Molina

En el mes de agosto del año 2012, el Parlamento Xinka convoca a acciones públicas en contra de la aprobación de las mal llamadas “reformas constitucionales” que el gobierno de Otto Pérez Molina intentó realizar a la actual Constitución Política de la República de Guatemala.  De forma crítica, el pueblo xinka se manifestó contra estas reformas, por considerarlas la anulación total de todos los derechos, autonomía y soberanía del pueblo xinka y de todos los pueblos indígenas de Guatemala.[5]

En su comunicado y declaraciones públicas, el pueblo Xinka puso en evidencia el trasfondo político, económico y social que está detrás de dichas reformas: la legalización del nuevo modelo de despojo y saqueo de los bienes naturales de los pueblos, la imposición del modelo de acumulación de riqueza a través de la actividad extractiva, producción de energía, megaproyectos  y monocultivos en donde se encuentra la inversión de capitales nacionales y transnacionales.

Secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de líderes del pueblo Xinka

Cuatro líderes del pueblo Xinka fueron secuestrados por un comando armado en la aldea Pino Dulce, municipio de Mataquescuintla, Jalapa,  el 17 de marzo 2013, cuando regresaban de acompañar la consulta comunitaria de buena fe en la comunidad aldea El Volcancito, de San Rafael Las Flores.

Los paramilitares secuestraron, torturaron y asesinaron al líder comunitario Exaltación Marcos Ucelo. Roberto González Ucelo, mayordomo mayor de Santa María Xalapan y actual presidente del Parlamento Xinka, fue liberado posteriormente con vida en altas horas de la noche en el departamento de Chimaltenango. Dos líderes más lograron escapar de los paramilitares. Rigoberto Aguilar, alcalde indígena de Santa María Xalapán fue uno de los que escapó y logró alertar del secuestro a las comunidades.

Líderes del pueblo Xinka denunciaron que los paramilitares, portaban fusiles Galil, arma reglamentaria de uso exclusivo del ejército de Guatemala; además denunciaron que mientras los secuestraban, uno de los paramilitares ordenó llevarlos ante el diputado Amildo Morales, electo por el departamento de Jalapa a través del partido político UCN.[6] Además responsabilizaron directamente a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc. como la principal beneficiada con desaparecer al liderazgo Xinka y desarticular la lucha pacífica de las comunidades en contra de la minería.

Estado de Sitio expresión sistemática de represión

La creciente oposición organizada y pacífica del pueblo Xinka y mestizo en el territorio de San Rafael Las Flores, junto a la toma pacífica en El Escobal[7], en oposición a la Mina San Rafael S.A.,  representan el ejercicio pleno de los derechos a expresarse, organizarse y movilizarse frente a demandas concretas:  defensa de la vida, la tierra y el territorio.

Son la expresión del rechazo masivo contra la minería que a partir del año 2012, cuando se anunció la continuidad del proyecto minero El Escobal, de la empresa canadiense Tahoe Resources Inc. y del consorcio Grupo Macro. Proteger esos intereses son la principal razón y justificación para  la instalación del Estado de Sitio en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.

El gobierno de Canadá y la empresa Tahoe Resources Inc.[8] cuentan con el respaldo del presidente Otto Pérez Molina, quien en un acto publico en el Palacio de Cultura, aceptó el 5% voluntario en regalías que la empresa pretende dar, lavando la imagen de la empresa. Por otro lado la empresa y su seguridad continúan agrediendo a la población, profundizando la conflictividad.  El detonante  fue el atentado armado en contra de 8 comunitarios realizado el día 27 de abril 2013.[9] La captura del jefe de seguridad de la mina el chileno Alberto Rotonda colocaron a la empresa Tahoe Resources Inc. en una posición de total desventaja en el país.

Razón que obligó al gobierno a ordenar el día 2 de mayo 2013 la implementación del Estado de Sitio a través del Acuerdo Gubernativo 06-2013 para cuatro municipios: Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, eliminando las garantías constitucionales de la población con el objetivo de desarticular la resistencia pacífica en contra de la mina y capturar a los principales líderes indígenas de la región.

Más de 3 mil 500 militares y policías  fueron movilizados para imponer el Estado de Sitio,[10] fuerzas motorizadas del ejército, fuerzas especiales antidisturbios de la Policía Nacional Civil, docenas de unidades entre radiopatrullas, pick up, camiones, unidades artilladas y tanquetas se encuentran cercando principalmente a las comunidades en estos departamentos, sin contar el despliegue de inteligencia y agentes encubiertos que estarán operando en estos momentos

El Estado de Guatemala haciendo uso excesivo de la violencia, busca dejar libre el camino para  el funcionamiento de las empresas nacionales y transnacionales. El primer referente de este gobierno fue el Estado de Sitio impuesto en el municipio de Barillas en Huehuetenango, el 4 de mayo del 2012.

La comunidades están sumamente preocupadas. Los ataques permanentes de la empresa Mina San Rafael S.A., la criminalización del gobierno, el uso mediático del discurso de empresas y gobierno en contra de los pueblos, y la militarización buscan sumir al pueblo bajo el terror y la inmovilidad, para abrirle espacio a la empresa y que ésta concluya su instalación en Santa Rafael Las  Flores. Esta  estrategia es similar a la que implementaron gobierno y empresa en el  municipio de Barillas, Huehuetenango, contra el pueblo q´anjobal y mestizo en oposición a una hidroeléctrica.

La violación a los derechos colectivos de los pueblos de San Rafael Las Flores, el irrespeto a las consultas comunitarias de buena fe de sus comunidades, a la oposición pacífica  en El Escobal, a la autonomía municipal del municipio de Casillas, Santa Rosa; la difamación, amenazas de muerte, secuestro, tortura, desacreditación, persecución penal, desalojos violentos, la utilización de la fuerzas de seguridad del Estado para la protección de la Mina San Rafael, la militarización, el  Estado de Sitio  y la criminalización de la protesta comunitaria son las respuestas de un Estado cooptado por esos mismos poderes económicos.

El autor es miembro del equipo de Prensa Comunitaria y del equipo de investigación del Centro de Análisis de las Luchas Comunitarias.