(IPS) – A Marta Díaz el ejército de Colombia le mató a su hijo Douglas Tavera en 2006. Lo vistió con uniforme de combate y lo reportó como guerrillero de las FARC. Ella lo buscó hasta en las cárceles, y en 2008 logró identificar sus restos, convertidos en otro caso de “falsos positivos”.
Desde entonces, Díaz ayuda a cientos de madres como ella desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
“El año pasado recibí 27 amenazas de muerte. Y este año ya llevo siete” dijo a IPS.
Este miércoles 17, Díaz estuvo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, un lugar levantado por la alcaldía para promover el debate y las acciones para registrar los hechos de la longeva guerra colombiana.
Siete plataformas de derechos humanos, que suman más de 400 organizaciones, se reunieron con Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con Anders Kompass, su director de operaciones en el terreno y de cooperación técnica.
En el auditorio repleto se hicieron presentes muchas víctimas como Díaz. Pillay y Kompass escucharon más de medio centenar de intervenciones de tres minutos.
El martes 16, el presidente Juan Manuel Santos anunció que cerrará la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Para Díaz, el anuncio efectuado precisamente cuando Pillay iniciaba su visita de cuatro días a este país, busca “que ella se confunda y que todos los defensores de derechos humanos nos confundamos, y que empecemos la lucha para que la ONU-DH no se vaya”.
Mediante esta estrategia, “todas las denuncias sobre violaciones van a quedar opacas” ante la noticia, y la atención se desviará, consideró Díaz.
“A mí me sorprendió tanto como a ustedes”, reconoció Pillay este miércoles 17 al referirse al anuncio del presidente.
“No necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”. El mensaje de Santos, en un discurso pronunciado en Bogotá, le llegó a Pillay en Santander de Quilichao, en el suroccidental departamento del Cauca, donde campea la guerra.
Pillay viajó al Cauca para reunirse varias horas con líderes de comunidades de afrodescendientes, indígenas y campesinos que tienen mucho para decir sobre la necesidad de que los organismos multilaterales sigan vigilando la situación de los derechos humanos en este país.
ONU-DH fue establecida en 1997, pero cada renovación del mandato fue precedida de un pulso diplomático silencioso.
Si alguna vez los gobernantes quisieron aún menos a esta oficina, fue tras la masacre de mayo de 2002 en la iglesia de Bojayá, donde murieron 119 personas y 98 resultaron heridas. El entonces representante en Colombia, el sueco Kompass, viajó entonces en misión a esa aldea sobre el río Atrato, en el noroccidental Chocó.
Kompass consignó en un informe que todos los actores armados debían responder por la matanza: la guerrilla izquierdista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que atacó la iglesia, las paramilitares y ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (hoy disueltas), que se habían tomado la población, y el mismo Estado.
El gobierno de entonces de Andrés Pastrana (1998-2002) cuestionó el informe y el Comando de la IV Brigada del ejército afirmó no compartir “las versiones difundidas, sin fundamento, que pretenden mostrar posibles convivencias de esta arma y de la Infantería de Marina con grupos de autodefensas ilegales”.
Desde Ginebra, la entonces alta comisionada Mary Robinson intervino para respaldar a Kompass. El 14 de junio de 2002 terminó intempestivamente la misión del sueco en Colombia.
En los hechos, sacar a Kompass fue la condición para mantener abierta ONU-DH.
Ahora Kompass es quien nombra a los directores de oficina del órgano especializado del foro mundial. Así designó en Bogotá al estadounidense Todd Howland, quien al principio parecía demasiado silencioso.
Pero Howland emitió el 10 de julio un duro informe sobre lo que ocurre en el alzamiento campesino del nororiental Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela que en los mapas oficiales de la minería del carbón aparece como Distrito Zulia.
Los campesinos del Catatumbo, en protesta hace más de un mes, reclaman la declaratoria de una zona de reserva campesina, una figura legal que, argumentan, les facilitaría abandonar de manera organizada los cultivos de coca, materia prima de la cocaína y principal sustento en la zona, carente de carreteras.
La declaratoria está congelada y, en cambio, el gobierno emprendió en junio la erradicación violenta de cultivos de coca, lo cual exasperó a los campesinos. La represión de la protesta suma ya cuatro muertos y 15 heridos.
Howland reportó una “grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo”. Sobre todo, afirmó que “en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente en uso de la fuerza pública y, por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”.
La ONU-DH fue acusada por altos funcionarios de sobrepasar su mandato, apenas a días de la segunda visita de Pillay, quien antes de asumir su cargo actual fue jueza de la Corte Penal Internacional, que mantiene a Colombia bajo observación.
La primera visita de Pillay fue en octubre de 2008, cuando estalló la bomba de los “falsos positivos”: la matanza de al menos 1.416 personas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para obtener ascensos, vacaciones y premios.
Los cadáveres de estas personas eran presentados como de guerrilleros caídos en combate.
Aunque se cometen ejecuciones extrajudiciales desde hace más de 30 años, la estadística muestra que la modalidad de “falsos positivos” se disparó durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010).
Según Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular, es “muy preocupante” que, al hacer la cronología de los “falsos positivos”, “el pico más alto fue de 2006 a 2008, justo los años en los que sirvió como ministro de Defensa el actual presidente Santos”.
Santos condujo esa cartera desde julio de 2006 hasta mayo de 2009. Y el Banco de Datos verificó 918 “falsos positivos” entre 2006 y 2008.
En 2009 y 2010 la cantidad de víctimas de este tipo de ejecuciones bajó a 18 por año, en 2011 se registraron 85 y el año pasado 52.
Según Santos, él actuó desde el ministerio para poner fin a esta trágica práctica. “Cambiamos la doctrina”, dijo el martes 16, reconociendo así que hubo una doctrina que privilegiaba dar muerte al enemigo.
Las prioridades que estableció fueron “primero los desmovilizados, segundo los capturados y tercero, si hay necesidad, los dados de baja”, dijo Santos.
Según el mandatario, las “necesidades que tenía el país de tener una Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (…) han venido desapareciendo”.
“Le voy a decir (a Pillay) que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato. O si se extiende, sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir: ‘no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país’”, señaló.
Fuentes de la ONU y la experta en asuntos de cancillería Laura Gil advierten desde hace ya tres años a IPS sobre la aspiración del gobierno de cerrar ONU-DH.
Santos aspira a eliminar la etiqueta de peor crisis humanitaria del hemisferio occidental con que carga Colombia, para pedir el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países y que, supuestamente, exige altos estándares de derechos humanos a sus miembros, señalan esas fuentes.
Estar en la OCDE y bajo el monitoreo de ONU-DH, argumentan, no es compatible.