Un nuevo informe saca a la luz el papel de la Industria Minera Canadiense en la realidad actual del descontento social y las políticas dañinas para el medioambiente que sostiene la región patagónica en Chile.
“Lejos, en el extremo austral del Cono Sur de América, se encuentra un territorio aún virgen y bellos de la Tierra: la Patagonia Chilena. En ese lugar, existe una lucha intensa, desconocida por la mayoría de los canadienses. Una lucha que, sin embargo, involucra a la Industria Minera Canadiense, al gobierno de Canadá y a millones de jubilados e inversionistas del país” observa Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadiense, en la introducción del informe.
El informe: “Chilean Patagonia in the Balance: Dams, Mines and the Canadian Connection” declara que la Minera Canadiense, industria cabecilla de la investigación en minería en el mundo y con la mitad de sus acciones en Latinoamérica, constituye el 33 por ciento de la demanda eléctrica en Chile. Asimismo, tiene la ventaja de ejercer una enorme influencia en el establecimiento de políticas gubernamentales en el país.
El enfoque del informe es Aysén, región que hace oír protestas y El proyecto tiene programado cinco represas en los ríos Baker y Pascua y podría llegar a afectar a 12 de lmalestar social desde la aprobación del proyecto de ‘desarrollo’ HidroAysén en mayo del año pasado. os grandes ríos de Aysén.
Según el periódico The Guardian, el proyecto, que implica construir líneas de transmisión desde Aysén hasta Santiago, causará “la deforestación de 23.000 hectáreas y seis parques nacionales” además de daños a “11 reservas nacionales.” Una organización medioambiental sin fines de lucro, International Rivers, también indicó que entre las consecuencias del proyecto estarían el desplazamiento de muchas familias en contra de su voluntad, la inundación de varios terrenos locales ideales para la agricultura y ganadería, y la puesta en peligro de animales escasos.
El informe expone que “Un consorcio canadiense es propietario de Translec, compañía de transmisión que opera actualmente en Chile, y la única del país con la remota posibilidad de vincular HidroAysén con los mercados de energía. El consorcio está a mando de la administradora de activos multinacional ‘Brookfield Asset Management’, junto con la asociación del Plan de Inversiones de Pensiones de Canadá Board (CPPIB), además de otro inversor del sector público: el Instituto de Gestión de Inversiones de BC (bcIMC). El capital canadiense es, entonces, una herramienta en facilitar y hacer parecer atractivo a proyectos como HidroAysén.”
Informaciones del diario nacional La Tercera demostraron que en Chile un 74 por ciento de los consultados se manifestó contrario al proyecto, y en mayo de 2011 hasta 50.000 manifestantes salieron a la calle en su protesta.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de represas, que fue aprobada el 9 de mayo de 2011, ha caído bajo fuertes críticas. Según el Diputado Demócrata Cristiano de Chile, Sergio Ojeda, quien es Presidente de la comisión encargada de investigar el proyecto hidroeléctrico, indicó que la EIA estuvo plagada de irregularidades.
Ojeda informó al diario El Mercurio que “todo indica que el Proyecto HidroAysén no debió ser aprobado, y queda en evidencia que el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental carece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que, efectivamente, megaproyectos, como el de Hidroaysén, no sean evaluados con mucha rigurosidad”.
El mes pasado se levantaron nuevamente movimientos sociales, manifestaciones y bloqueos de carretera en la región y a lo largo del país. Se manifestaban, no sólo en contra del proyecto, sino también en reacción a otros problemas sociales y de infraestructura, con el objetivo de demandar reformas.
En una carta al gobierno, como fue publicado en el Santiago Times, las organizaciones sociales que constituyen el movimiento en la región de Aysén escribieron: “hemos iniciado un proceso de movilización general permanente y de largo aliento, con el fin de gatillar un cambio en el desarrollo regional, hasta ahora enfocado esencialmente al beneficio de intereses que no son realmente los de quienes vivimos en el territorio de Aysén.”
Segú la BBC, las manifestaciones fueron recibidas con violencia y represión, reacción que indujo a que Amnistía Internacional investigara los casos expuestos del “uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias.” Mientras tanto, el Presidente chileno Sebastián Piñera amenazó a los manifestantes con la imposición de la ley draconiana de antiterrorismo.
El informe del Consejo de Canadienses expone: “Esperamos que nuestra investigación de los vínculos entre la energía hidroeléctrica en Patagonia, la transmisión eléctrica, y el sector minero en expansión, haga reflexionar al pueblo canadiense. Esperamos que se tome el tiempo de considerar las implicaciones de nuestras inversiones al extranjero y, por ende, la posible responsabilidad que tenemos de asegurar que éstas sean sustentables en cuanto a lo social y a lo ecológico.”
La industria minera canadiense se ha enfrentado con problemas de falta de sustentabilidad social y ecológica en su práctica de negocios.
En julio de 2011, Greenpeace acusó a la transnacional minera Barrick Gold de causar la reducción significativa de tres glaciares pequeños pero fundamentales para agricultores en la frontera entre Chile y Argentina, producto de sus operaciones en la zona. La transnacional no pudo llevar a cabo su plan original de eliminar los glaciares, ya que hubo una gran oposición inevitable a las implicaciones preocupantes para el medioambiente. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (una ONG argentina), concluyó que los proyectos de Barrick Gold han contaminado el suministro de agua local.
“Las protestas en Chile apenas figuran en los medios de comunicación canadienses, a no ser que estén vinculados con otra gran noticia. He hablado con periodistas que reconocen recibir tantas historias sobre el conflicto minero que consideran que ya casi no es un tema de noticias… Este ejemplo demuestra como el cinismo promueve la injusticia sistemática,” dijo Sakura Saunders, editor de ProtestBarrick.net, un sitio de internet que publica investigaciones y organiza informaciones sobre asuntos de minería. El enfoque de la página es el gigante minero canadiense Barrick Gold.
El informe del Consejo de Canadienses también observa que en 2010 “hubo 5 asesinatos que fueron consecuencias de conflictos de mineras canadienses en El Salvador, Guatemala y México.” Según el informe, el gobierno canadiense tiene parte de la culpa, dada su “falta de voluntad para exigir que la industria extractiva canadiense respete derechos humanos y medioambientales básicos durante sus operaciones internacionales.”
Con sólo un pequeño proyecto de ley, el gobierno federal hubiera obtenido el poder para investigar casos de abuso de derechos humanos y medioambientales, con el objetivo de sancionar a empresas culpables por medio de la suspensión de sus financiamientos. No obstante, el legislativo de Canadá desestimó el proyecto de ley a pesar de haber recibido testimonios de en un sitio de una minera canadiense en Papúa Nueva Guinea en donde mujeres habían sufrido torturas y violaciones grupales.
“Necesitamos desarrollar una cultura de personas que tengan conciencia y que se opongan a estos abusos mineros. Hay que rechazar estos abusos en duros términos y demandar acción. Es nuestra obligación averiguar el origen de nuestros fondos de pensión y de inversión, e intentar deshacernos de compañías tales como Barrick y Goldcorp,” añadió Saunders. “Debemos compartir la abundancia de recursos que existen (como videos, artículos y libros) con nuestros vecinos y amigos, sin dejarnos engañar por empresas que nos prometen Responsabilidad Social Corporativa.”
Cyril Mychalejko es editor para www.UpsideDownWorld.org, es una revista en línea sobre activismo y política en Latinoamérica.