(IPS) – La decisión de un tribunal de Honduras de anular por problemas de forma el juicio por corrupción que se le seguía, permite al derrocado presidente Manuel Zelaya volver al país sin riesgo de ir a prisión… por ahora. Es que no fue sobreseído de los delitos imputados y, por tanto, puede abrirse otro proceso.
“Se han declarado errores de procedimiento, pero no se anulan los delitos por los que se le acusa a Zelaya”, precisó a IPS el fiscal contra la corrupción Henry Salgado, al aseverar que la posición de esa oficina es “que debe ser enjuiciado”.
“Por ahora vamos a analizar hasta qué punto esta resolución afecta intereses generales de la sociedad, pues no se ha anulado la pretensión fiscal, sino solo los actos, y aún no hay un sobreseimiento definitivo. Estudiaremos la resolución para proceder conforme a la ley”, acotó.
Con dos votos a favor, el tribunal especial conformado por tres de los 15 magistrados del Poder Judicial declaró el lunes la nulidad de los casos incoados contra Zelaya por dos delitos de presunta corrupción, fraude y abuso de autoridad.
El dictamen indica que las causas procesales presentan vicios de nulidad y, por ello, se deja sin validez las acusaciones y devuelve la carga del proceso al Ministerio Público, que determinará si apela o decide entablar un nuevo procedimiento con pliegos de responsabilidad administrativa.
Por ahora Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009 y que reside en calidad de “huésped especial” en República Dominicana, puede retornar a Honduras, pero nada le garantiza que no se reactiven las causas penales incoadas en su contra y, con ello, que sea detenido.
El jurista German Leitzelar señaló que la nulidad de los juicios es un buen indicio para que el ex mandatario retorne al país, ya que también fueron anuladas las órdenes de captura en su contra, libradas luego del golpe de Estado cívico-militar.
La nulidad de las causas incoadas en contra Zelaya ha sido una de las peticiones públicas que el actual presidente de Honduras, el derechista Porfirio Lobo, ha solicitado al Poder Judicial desde que asumió el cargo el 27 de enero de 2010.
Lobo insiste que esos casos son un “obstáculo” para el retorno de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), de donde fue suspendida el 4 de julio de 2009. Aspira que esa decisión sea tomada en la Asamblea General anual que el foro continental realizará en junio en El Salvador, para lo cual espera algunas señales.
Una de ellas es lograr el apoyo del gobierno de Venezuela, con el que mantiene contactos informales para que gestione ante sus socios en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que mayoritariamente se mantienen renuentes a reconocer al gobierno de Lobo, surgido de las elecciones realizadas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Rafael Alegría, del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que coordina Zelaya, dijo a IPS que “el fallo es un buen paso y que ahora todo está en la posición que asuma la Fiscalía del Estado”. “Esperemos que no apele, pero se están cumpliendo los compromisos de Cartagena”.
Se refiere a los acuerdos preliminares entre Lobo y Zelaya, con la mediación de los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela, alcanzados en un encuentro de abril en esa norteña ciudad colombiana.
En ellos se estipulan cuatro condiciones que van desde el retorno de Zelaya sin causas pendientes y el respeto a los derechos humanos, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y el reconocimiento político del FNRP para que pueda activar dentro del sistema de partidos.
El presidente Lobo afirma que se aprobaron reformas constitucionales que permiten consultar mediante un plebiscito la convocatoria o no a una constituyente, materia por la cual fue denostado Zelaya cuando gobernaba. También indica que no hay problema en que el FNRP se incorpore a la vida política.
En cuanto a los exiliados políticos, Lobo aseguró que pidió a Zelaya “la lista de esos presuntos exiliados” y que personalmente los irá “a traer”. “Garantizaré el respeto a los derechos humanos porque no es política de Estado perseguir a nadie, ni violarlos”, añadió, consciente de que este tema ha sido su principal talón de Aquiles desde que asumió el gobierno.
Por su parte, en un comunicado emitido el lunes desde Washington, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, mostró complacencia con la decisión del tribunal especial, al afirmar que “se pone fin a la incertidumbre en torno a la situación jurídica del ex mandatario que se abrió a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009”.
De esta suerte, dijo que se “ha cumplido” la principal condición para el retorno de Honduras a la OEA, por lo que hará consultas con los países miembros para ver su disposición de convocar a una asamblea extraordinaria para abordar este tema.
El canciller hondureño Mario Canahuati, a su vez, afirmó que la decisión del tribunal “fue sabia, al dar así término a un doloroso y difícil proceso político en el país”. “Estamos más cerca de volver a la OEA”, sostuvo con optimismo.