Santiago Maldonado es el nombre que sacudió la Argentina desde el 1 de agosto. Desapareció durante una represión de Gendarmería Nacional a una comunidad mapuche en la Patagonia. En un país con 30.000 desaparecidos (dictadura cívico-militar mediante), su ausencia forzada provocó multitudinarias movilizaciones. Pero también emergió el respaldo del Gobierno a la fuerza que reprimió, funcionarios que arrojan sospechas sobre la víctima y una campaña mediática antimapuche. En el medio, la multinacional Benetton, propietaria de 900.000 hectáreas, el mayor terrateniente de Argentina.
Una pregunta se repitió en todos los rincones del país: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. El 18 de octubre, su cuerpo apareció flotando en un río.
Contexto
Megaminería, explotación petrolera, agronegocio y monocultivo forestal son política de estado en Argentina. Con leyes sancionadas en la década del 90, las actividades extractivas avanzan desde hace más de dos décadas en el país. El gobierno de Mauricio Macri es, en este tema, la continuidad y profundización del kirchnerismo. Entre sus primeras medidas estuvieron el quite y baja de impuestos a la megaminería y a las exportaciones agropecuarias.
El mayor freno a estas actividades son las organizaciones que rechazan la actividad (muchas de ellas en la Unión de Asambleas Ciudadanas –UAC–, espacio de encuentro de asambleas), campesinos y pueblos indígenas.
Amnistía Internacional Argentina desarrolló un mapa de conflictos de pueblos originarios (territorioindigena.com.ar), donde contabilizó un piso de 200 casos. “Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, denunció Amnistía.
En 2013, por primera y única vez, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó un relevamiento oficial sobre conflictividad rural. Señaló un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa, 857 casos, que afectan a 63.843 familias. La superficie en disputa equivale a 455 veces la ciudad de Buenos Aires.
En agosto de 2016 se filtró en la prensa un documento interno del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Señalaba al Pueblo Mapuche como un enemigo interno. Los acusaba de delitos federales y los responsabilizaba de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El documento oficial fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba “tareas de investigación” ilegales. Catalogaba a los reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que califican como “usurpación” a la defensa de tierras en zonas petroleras. El Gobierno apuntaba a dos zonas puntuales: la formación hidrocarburífera Vaca Muerta (provincia de Neuquén) y, más al sur, en Chubut, donde comunidades indígenas mantienen conflictos con la multinacional Benetton.
El documento oficial cosechó repudios en 2016 de comunidades mapuches y de organismos de derechos humanos (Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entre otros). “El Ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al Pueblo Mapuche”, alertaron.
En junio pasado, un centenar de efectivos de Gendarmería Nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de las petroleras YPF-Chevron para realizar una nueva perforación. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena. La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandone su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
Benetton
La multinacional italiana cuenta con 5000 tiendas en 120 países, y una facturación anual de 2000 millones de Euros. Es el mayor propietario privado de Argentina. 900.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). No sólo produce y comercializa indumentaria. También posee medios de comunicación en Italia y administra autopistas.
Su perfil publicitario hace gala de mezcla de provocación, progresismo y multietnicidad (siempre figuran personas de distintas regiones del mundo). Con el lema “”United Colors of Benetton” incluyeron el década del 90 imágenes de enfermos convalecientes de sida o un bebé recién nacido aún sin ser higienizado. También incluían primeros planos de hombres y mujeres de distintos países y color de piel, con una fuerte connotación de la tolerancia, respeto al otro, diversidad.
Pero en 2002 esa imagen pulcra tuvo su primera mancha en Argentina. La comunidad mapuche Santa Rosa Leleke volvió a su tierra ancestral. 625 hectáreas en la estancia de la multinacional en la provincia de Chubut, Patagonia argentina.
El conflicto se hizo público muy rápido. La empresa denunció a los mapuches por usurpación, intervino el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y viajaron a Italia a entrevistarse con Luciano Benetton. La promesa: 2500 hectáreas en otro lugar de la Patagonia. Pocos meses después, organismos oficiales argentinos determinaron que las tierras eran improductivas. En 2004, Poder Judicial mediante, la comunidad fue desalojada.
En 2007, la comunidad mapuche volvió al mismo lugar. Otra vez criminalización, denuncias, amenazas. La comunidad resistió. Ya cumplieron diez años de recuperación territorial.
En 2015 la historia se repitió. La comunidad Lof en Resistencia Cushamen se instaló en otra porción de la estancia Benetton. Con otro perfil político, pero idéntica concepción de rechazo al despojo territorial y a la necesidad de permanecer en el lugar.
Denuncias, amenazas y criminalización.
Benetton optó por el perfil bajo (a diferencia de 2002 y 2007). Pero contrató a la agencia internacional de prensa y lobby JeffreyGroup para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló Martín Dinatale, en el portal Infobae (uno de los más visitados de Argentina). “(El lonko) Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”, alertó Clarín.
En enero de 2017 se ejecutaron tres represiones en dos días (12 y 13 de enero). Gendarmería Nacional y policía de Chubut. Un herido grave (disparo en el cuello) repercutió en la prensa nacional. El Pueblo Mapuche llegó, represiones mediante, a la agenda porteña. Pero la mayor parte de los medios de comunicación insistió en la demonización de los indígenas.
Gendarmería y mapuches
La Gendarmería Nacional es una fuerza que debiera controlar las fronteras del país, pero distintos gobiernos y jueces la han utilizado para “seguridad interna” o para acciones contra la propia población. Durante el kirchnerismo se comenzó a observar a los efectivos en barrios populares y en las estaciones de ferrocarril del Gran Buenos Aires.
Con el gobierno de Mauricio Macri tomaron un rol de choque ante el Pueblo Mapuche.
Desde 2016 el gobierno nacional y el de Chubut acusan de acciones terroristas (incendios, robos) a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Nunca se conoció públicamente a ninguno de sus integrantes, la versión gubernamental y empresaria es que se trata del lonko Facundo Jones Huala y el Lof en Resistencia Cushamen. Existen, al menos, otras dos versiones: son jóvenes que de forma inorgánica realizan acciones directas y, tercera opción, se trata de servicios de inteligencia que actúan en sintonía con el Gobierno para habilitar posteriores represiones a las comunidades mapuches.
El 1 de agosto, la Gendarmería Nacional volvió a reprimir al Lof en Resistencia Cushamen. Primero en la ruta nacional 40. No era más de diez manifestantes. Pero decenas de efectivos los persiguieron con escopetas, camionetas y camiones. Ingresaron a la comunidad. En el escape, casi todos los manifestantes cruzaron un pequeño río para huir de Gendarmería. Pero no lo hizo Santiago Maldonado, joven de 28 años que había llegado de forma solidaria.
Y desapareció. Nunca más se lo vio.
La comunidad mapuche lo denunció el mismo 1 de agosto. El Poder Judicial demoró días en comenzar la búsqueda.
Recién nueve días después el juez Guido Otranto ordenó allanar los escuadrones de Gendarmería y los vehículos que participaron del operativo. El defensor oficial Fernando Machado alertó que las camionetas habían sido lavadas para borrar pruebas. El gobierno nacional, en cabeza de Patricia Bullrich, defendió el accionar de Gendarmería y arrojó sospechas sobre la víctima. Los medios oficialistas comenzaron las más insólitas versiones. Entre ellas, que Maldonado estaba en Chile (luego dijeron la provincia de Entre Ríos).
Camino (y burocracia) judicial por un lado (cambio de juez federal, denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Y acciones en la calle por otro. Dos multitudinarias movilizaciones (1 de septiembre y 1 de octubre). “Santiago, donde estés quiero que sepas que te quiero. Cada día que pasa te extraño más. Necesito que aparezcas pronto; no puedo dejar de pensar en vos. Cada día que pasa te lloro más y me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata: Yo nunca me involucré en diferentes causas como lo hacés vos”, leyó desde el escenario el 1 de octubre Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Y finalizó: “Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros, quiero preguntarles ¿Dónde está Santiago Maldonado?”.
Una semana antes de las elecciones legislativas, la principal candidata del oficialismo para la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, no dudó: “Hay un 20 por ciento de posibilidades de que Maldonado esté en Chile con el RIM (en lugar de RAM, como es la sigla de la supuesta organización mapuche que cometería ilícitos)”. Nunca aclaró de dónde surge esa versión ni tampoco la precisión del porcentaje.
Sergio Maldonado le contestó: “Si Carrió tiene pruebas que vaya a la Justicia, así lo encontramos a Santiago en un 20 por ciento”.
El miércoles 18 de octubre, el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado apareció flotando en el río Chubut, en un lugar muy visible y que ya había sido inspeccionado por orden judicial. La comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen y la familia denunciaron que “el cuerpo fue plantado”. Y todas las sospechas apuntaron a Gendarmería. El sábado 21 se realizó una masiva marcha en Plaza de Mayo, exigiendo justicia por Maldonado y con críticas al gobierno de Macri.
El domingo de 22 de octubre hubo elecciones en Argentina. El oficialismo ganó en casi todo el país. Y ya comienza a perfilarse para un segundo mandato. La desaparición forzada (y asesinato) de Santiago Maldonado no le resta votos.
