(IPS) – Desde fines de 2011, científicos de Argentina realizan un inventario de glaciares para su preservación y control, pero no logran acceder al área más crítica, donde coinciden los hielos con proyectos de explotación minera a gran escala.
Fue a raíz de esos emprendimientos sospechosos de contaminación que instituciones ambientalistas pasaron a reclamar insistentemente una ley que proteja de la contaminación a los glaciares que tiene Argentina a lo largo del occidente del país, junto a la cordillera de los Andes.
La primera iniciativa fue convertida en ley en 2008, pero la presidenta Cristina Fernández, en el poder desde diciembre del año anterior, la vetó por considerar que se afectaba el desarrollo de las provincias mineras, al limitar la actividad económica en torno a los glaciares.
Dos años después, un nuevo proyecto logró consenso. La ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Área Periglaciar, aprobada en 2010, declaró esos campos de hielo como “reservas estratégicas de recursos hídricos”.
La norma prohíbe la actividad minera en esas zonas y ordena la protección de los glaciares porque preservan agua para consumo humano y la agricultura, además de enriquecer la biodiversidad y ser un atractivo turístico.
El texto además dispone la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, que aporte “la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo” a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
También ordena que ese inventario comience por donde ya existen proyectos de explotaciones mineras o hidrocarburíferas, y que se proceda a suspender esas actividades y multar a sus responsables, en caso de que se compruebe que contaminan.
Ricardo Villalba, director del Ianigla, dijo a IPS que el inventario comenzó a fines de 2011. Ya está finalizado en la central provincia de Mendoza, y muy avanzado en la sureña de Santa Cruz.
Villalba explicó que el instituto está creando una serie de nodos regionales para que coordinen el trabajo de campo y el mapeo con instituciones académicas de las provincias donde hay glaciares, en el oeste del país junto a la cordillera.
No obstante, admitió que la tarea no comenzó aún en la provincia central de San Juan, donde ya funcionan dos grandes proyectos de explotación minera a cargo de la corporación canadiense Barrick Gold,la mayor firma del mundo en explotación aurifera a cielo abierto.
El director del Ianigla declaró que la administración provincial dispuso que sean técnicos de la Universidad Nacional de San Juan los que realicen la capacitación para el monitoreo, y que el gobierno central “no puso impedimentos” a la demorada labor.
La nueva ley de glaciares establece que las actividades de minería, las de hidrocarburos, las grandes obras de infraestructura y la utilización de sustancias químicas están prohibidas en áreas de glaciares o periglaciares, donde se producen los procesos de congelamiento de agua en hielo.
Mediante una disposición transitoria se determinó que el inventario debe comenzar por “áreas prioritarias”, aquellas donde ya funcionan actividades económicas, en un plazo no mayor a 180 días después de promulgada la ley.
Pero a través de dos recursos de amparo presentados ante la justicia, Barrick Gold logró suspender la aplicación de la ley en San Juan, bajo el argumento de que es “inconstitucional” por trabar la actividad económica en la provincia. Al tratarse de un cuestionamiento a la constitucionalidad de la norma, es la Corte Suprema de Justicia la que debe resolver el tema.
El gobierno provincial respaldó tácitamente la posición de la firma y no convocó en forma urgente al Ianigla, explicó Villalba. Por eso, el instituto aún no está trabajando en esa zona de glaciares donde tiene sus proyectos la transnacional minera.
“Las provincias son las autoridades competentes para determinar cuál es un área prioritaria. El instituto sólo es responsable de realizar el estudio en un plazo de cinco años”, remarcó.
Desde 2005, Barrick explota en San Juan el yacimiento a cielo abierto de Veladero, con una vida útil de 14 años, que aportará 11,4 millones de onzas de oro. Para procesar el mineral, utiliza el contaminante método de lixiviación (extracción compuesta de sólido y líquido) con cianuro.
A partir de 2013 estará produciendo además otras 14,4 millones de onzas de oro del yacimiento Pascua Lama, la primera explotación binacional que se realiza en territorio de San Juan, del lado argentino, y en la región de Atacama, en Chile.
Para el proyecto, que también utiliza la tecnología de lixiviación con cianuro, la firma preveía desplazar tres glaciares, pero ante las quejas de ambientalistas y pobladores del área de ambos países se comprometió a evitar ese movimiento.
De todos modos, diversas organizaciones ecologistas, en base a estudios de impacto ambiental de la propia empresa, aseguran que Barrick está afectando glaciares y áreas periglaciares.
“Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares”, un documento publicado por la organización internacional Greenpeace en julio de 2011, denuncia que los proyectos de Veladero y Pascua Lama se desarrollan en glaciares y ambiente periglaciar.
“La minería afecta a los glaciares en la etapa de exploración y explotación”, remarca el informe, así como con “su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, y el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento”.
Barrick “niega que esté actuando sobre áreas glaciares y periglaciares, pero nosotros hicimos los estudios y creemos que hay un ocultamiento intencional de la información”, dijo a IPS el ambientalista Gonzalo Strano, de la oficina de Greenpeace en Argentina.
Strano descree de las declaraciones de la firma, que asegura no estar afectando a las reservas de agua dulce. “Si no impacta en los glaciares, ¿por qué presentó los recursos de amparo para frenar la aplicación de la ley?”, se preguntó.
Para el activista de Greenpeace, “es fantástico” que se esté comenzando a realizar el inventario, pero dudó de que los científicos puedan ingresar a las áreas de explotación minera de San Juan con la urgencia necesaria.
“La cordillera de los Andes es una zona prioritaria para el monitoreo, pero sobre todo la provincia de San Juan, donde están en carpeta más de 150 proyectos mineros, del total de 600 que hay en el país”, advirtió Strano.
Frente a esta negativa a controlar lo que ocurre en la provincia, este mes, Greenpeace y otras organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación de Abogados Ambientalistas, elevaron una solicitud ante la Corte Suprema.
En ella demandaron el “cese inmediato” de la actividad de Barrick en Veladero, que estaría incumpliendo con la ley de glaciares, y la realización “urgente” del inventario en la provincia de San Juan.